La Corte Suprema acordó el viernes permitir que el presidente Donald Trump ponga fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento en algunas partes de Estados Unidos, incluso cuando las impugnaciones legales a la constitucionalidad de la medida prosiguen en otras regiones.
El fallo, de 6 votos a favor y 3 en contra, redactado por la jueza Amy Coney Barrett y dividido según líneas ideológicas, es una importante victoria para Trump, y puede permitir que se modifique, aunque sea temporalmente, la forma en que se concede la ciudadanía en Estados Unidos.
La orden no entrará en vigor hasta dentro de 30 días, dijeron los jueces en su dictamen, lo que permitirá que se continúe impugnando su legalidad. Los jueces tampoco abordaron la constitucionalidad subyacente de la orden del presidente para que se restrinja la ciudadanía por derecho de nacimiento, lo que podría dejar este tema para otro momento.
El fallo del tribunal también pareció poner en entredicho la capacidad de los jueces federales para congelar políticas en todo el país, una poderosa herramienta que se ha utilizado con frecuencia en los últimos años para bloquear medidas instituidas por gobiernos demócratas y republicanos.
Jueces de todo el espectro ideológico habían criticado estos llamados mandatos judiciales de ámbito nacional, con el argumento de que animaban a buscar jueces complacientes y eludían indebidamente el proceso político al permitir que un juez paralizara una política en todo el país.
La sorprendente decisión significa que la orden ejecutiva firmada por Trump que pone fin a la práctica de conceder la ciudadanía a los hijos de inmigrantes indocumentados nacidos en Estados Unidos entrará en vigor dentro de 30 días en los 28 estados que no han impugnado la medida.
Los detalles de cómo se aplicaría la política no estaban claros de inmediato.
La capacidad de un único juez federal de una parte del país para detener una política en todo el país ha sido un importante escollo para Trump. Los denominados mandamientos judiciales o medidas cautelares de ámbito nacional son herramientas judiciales controvertidas, y han suscitado un intenso debate sobre su legalidad. Se han utilizado para bloquear políticas demócratas y republicanas.
Los jueces federales de primera instancia han fallado sistemáticamente en contra del gobierno de Trump, lo cual ha obstaculizado los esfuerzos por retener financiamiento a las escuelas con programas de diversidad, reubicar a las mujeres transgénero en las prisiones federales y eliminar las protecciones contra la deportación de cientos de miles de inmigrantes venezolanos.
Source: Mundo