El Congreso del Estado acordó exhortar al municipio de Ciudad Juárez y al Consejo Estatal de Población, para que se establezcan de manera urgente los protocolos para la erradicación de la corrupción policial y de atención hacia personas en situación de movilidad para el respeto de su integridad física y psicológica.
Por otro lado, la petición se extiende a la Secretaría de Gobierno Federal para que informe sobre los operativos de control y revisión migratoria que ha realizado el Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez; así como para que, a través de la subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, en conjunto con el Instituto Nacional de Migración se trabaje una política migratoria que genere mecanismos de coordinación que atienda adecuadamente a las personas migrantes.
Además de lo anterior, se solicitó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, implemente las acciones y gestiones necesarias para la protección y garantía de los derechos humanos en favor de las personas en contexto de movilidad humana.
La proposición presentada por la Diputada Marisela Terrazas Muñoz, obedece a que el pasado miércoles primero de marzo, agentes de la policía municipal de ciudad Juárez, retiraron de forma arbitraria y sin apego a los protocolos legales correspondientes a personas migrantes que se encontraban alojadas, mientras se resuelve su situación migratoria, en la Catedral de la Diócesis. Hechos que ocurrieron con violencia y en menoscabo a la dignidad y derechos de estás personas que se encuentran en una situación especial de vulnerabilidad.
Ahora bien, lo ocurrido en ese día no es un hecho aislado, pues desde hace meses que activistas están pidiendo a las autoridades que cese la persecución de migrantes en Ciudad Juárez. En medio de un incremento de flujos migratorios, las personas en calidad migratoria han sido hostigadas y perseguidas en la localidad entre redadas del Instituto Nacional de Migración y revisiones de los agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal –quienes, cabe mencionar, ni siquiera están facultados por la Ley Migratoria de nuestro país para llevar a cabo labores de control y verificación migratoria.
Finalmente, dijo que todos los migrantes, en virtud de su dignidad humana, están protegidos por el derecho internacional de los derechos humanos, sin discriminación, en condiciones de igualdad con los ciudadanos, independientemente de su situación administrativa o de su condición.
Es importante mencionar que la proposición se hizo extensiva al Consejo Estatal de Población luego de que se aprobara la petición del diputado Edin Cuauhtémoc Estrada Sotelo.
Source: Local