La secretaria de la Función Pública, Stefany Olmos Loya, indicó que se está llevando el proceso de revisión de los contratos celebrados entre la Coordinación de Comunicación Social y la empresa MOLRI para garantizar que se encuentren dentro de la ley.
Dicha revisión se generó luego de que se cuestionaran por lo menos tres contratos entre Gobierno y esta empresa por supuestas violaciones a la Ley de Adquisiciones, así como por un posible conflicto de interés, al ser MOLRI propiedad del cuñado del síndico Miguel Riggs.
No obstante, Olmos Loya descartó que el proceso refiera al conflicto de interés antes mencionado al no ser el síndico un funcionario estatal ni haber firmado el contrato con Gobierno.
Añadió que la investigación se centra en cada una de los fases del contrato para acreditar que se hayan hecho bajo la normatividad correspondiente y que dentro de poco se podrá ofrecer más información sobre los resultados.