Rafael Caro Quintero era el hombre que acaparaba los titulares de la prensa y los espacios de noticias en radio y televisión. Era el hombre más buscado por la DEA, la agencia antidrogas, y el protagonista de ese “desmadre”, como le advirtió su compadre Ernesto Fonseca Carrillo, Don Neto, cuando se enteró del asesinato a Kiki Camarena, que puso en vilo la relación entre los gobiernos de Miguel de la Madrid y Ronald Reagan.
A las siete de la mañana del 7 de abril de 1985, el que años más tarde sería apodado El Narco de Narcos, rendía su segunda declaración ministerial en los separos de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), en el edificio número 9 del Eje Central. Habían pasado cuatro días desde su detención en la Quinta California, en San José de Costa Rica. Rafael Caro Quintero se sacudió los recuerdos para desempolvar el origen del arsenal que le incautaron las autoridades.
La primera declaración ocurrió el 5 de abril, luego de su detención en el vuelo que lo transportó de Costa Rica a México, en el avión de la Procuraduría con la matrícula XC-PGR. El encargado de ese interrogatorio fue Florentino Ventura Gutiérrez, primer comandante de la Policía Judicial Federal. Pero ahora, el narcotraficante estaba ante el director general de Averiguaciones Previas de la PGR y el agente del Ministerio Público federal, César Augusto Osorio y Nieto.
La barba rala. El abundante bigote de nuevo comenzaba a tomar forma. El cabello enmarañado. Las horas sin dormir. La tortura de las últimas horas. El hambre y la sed. Rafael Caro Quintero ratificaba su primera declaración. Respondía de manera mecánica. Narraba su vida en pocos minutos. A la autoridad le interesan específicamente los sucesos de los últimos dos años.
En el temido inmueble de Eje Central, Caro Quintero escuchaba el trepidar incesante de las máquinas de escribir. Observaba a las y los secretarios que transcriben cada palabra que se emite en ese cuarto que cinco meses más tarde sería machacado por los terremotos del 19 y 20 de septiembre de 1985.
El hombre de 29 años; originario de la comunidad de La Noria, en el municipio de Badiraguato, Sinaloa, con nivel de estudios de primero de primaria; que en 1976 comenzó a dedicarse a la siembra, cultivo y venta de marihuana, con cosechas de 30 a 50 kilos; que según sus cálculos en ese momento contaba con una fortuna de mil millones de pesos por el negocio del narcotráfico, y que proporcionó el número particular de teléfono de Guadalajara 15 86 87, respondía a la pregunta sobre su arsenal.
Una copia certificada del expediente judicial del caso Kiki Camarena, en poder de DOMINGA, da cuenta que el secuestro y asesinato del agente de la DEA y del piloto mexicano Alfredo Zavala Avelar se operó con armas que se adquirieron en el mercado negro de Estados Unidos. Una ecuación que se ha recrudecido en las siguientes cuatro décadas: fábricas de armas, armerías, intermediarios, mafias y cientos de miles de muertos y desaparecidos.
Los compadres, los míticos fundadores de la primera mafia organizada en México dedicada al narcotráfico, más tarde bautizada por la DEA como el Cártel de Guadalajara, no sabían que esas declaraciones serían la columna vertebral, 40 años después, de la demanda de las dos últimas administraciones de México –la del expresidente Andrés Manuel López Obrador y la de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo– para que empresas estadounidenses dejen de vender las poderosas armas que fabrican, que luego son adquiridas en armerías, y que llegan a manos de los grupos criminales al sur del Río Bravo, hoy siete de estos declarados “organizaciones terroristas” por Donald Trump.
El Cártel de Guadalajara compraba armas del otro lado del río Bravo
Desde principios de la década de los ochenta, los compadres de Badiraguato sabían que las armas eran el esqueleto, el sistema neurálgico, el cerebro de las mafias. Caro y Don Neto no terminaron la primaria, pero sabían que en el negocio criminal se necesitan armas de alto poder y hombres determinados a usarlas. La corrupción en los regímenes priístas y las laxas normas estadounidenses en materia armamentista fueron la mejor combinación.
Los capos, según sus declaraciones ministeriales, necesitaban esas armas para sus escoltas personales y para el resguardo de sus propiedades; para cuidar los terrenos donde se sembraba, cosechaba y empaquetaba la marihuana, como el rancho El Búfalo, el que detectó Kiki Camarena en noviembre de 1984; para levantar, desaparecer y asesinar; para empatarlas con las ‘charolas’ falsas de la temida Dirección Federal de Seguridad, de la Policía Judicial Federal o de la Policía Judicial de Jalisco, para secuestrar y luego asesinar a un agente de la DEA.
En la PGR, Caro Quintero declaró: “que cuenta con veinte armas largas entre cuernos de chivo, y R-15, las cuales adquirió en los Estados Unidos de Norteamérica en diferentes armerías de las que no puede proporcionar sus nombres y domicilios, en virtud de que las mismas eran adquiridas por el [testado], que es una de las gentes de su confianza y según tiene entendido el declarante [testado] paga a diferentes personas la cantidad de 50 dólares por que (sic) le compré cada una de las armas y desde luego que tengan registro”.
Ernesto Fonseca Carrillo y 24 de sus pistoleros fueron capturados ese mismo 7 de abril pero en Puerto Vallarta, Jalisco. En un operativo relámpago los trasladaron al entonces Distrito Federal en un avión militar. Ya en la capital fueron llevados al número 81 de la calle de Soto, en la colonia Guerrero, donde se encontraban los separos de la Interpol-México.
En ese lugar, el narcotraficante originario de Santiago de los Caballeros, municipio de Badiraguato, Sinaloa, manifestó el 9 de abril que “respecto a las armas que usan sus muchachos o pistoleros, cuyo número es inestable que fluctúa entre 25, el armamento que ellos usan, como ya dijo, pistolas, escuadras, calibres 45 y 38, rifles cuerno de chivo y R-15 los compra a través de su segundo que es Samuel Ramírez Razo”. Dijo que éste era el encargado de comprarlo y que “los compra en San Diego y Los Ángeles, CAL., los pasa a territorio mexicano, los amigos que tiene lo pueden informar en detalle”.
Dos días después, Don Neto rinde su segunda declaración en la PGR. Y habla del origen de su arsenal. “Que esas armas las adquirió mediante compra que hizo a través de su sobrino de nombre [testado], quien radica en Los Ángeles, California… que su sobrino las introdujo al país […] y en forma clandestina puesto que las armas las traía escondidas en vehículos y, por supuesto, sin los permisos correspondientes de la Secretaría de la Defensa Nacional”, narró Fonseca Carrillo.
En aquellos años de crisis económicas recurrentes, de devaluaciones perpetuas, una inflación que rondaba el 83% y agresivas recetas neoliberales de los organismos financieros internacionales, el tipo de cambio fluctuaba en alrededor de 500 pesos por dólar. Es decir, Caro Quintero y Fonseca Carrillo compraron en 25 mil pesos, aproximadamente, cada una de las armas que adquirió el Cartel de Guadalajara en Estados Unidos.
Reagan no escatimaba en recursos y la industria armamentista se frotaba las manos
México se preparaba para ser la sede de su segundo Mundial de Futbol. Colombia había renunciado a la organización de ese evento por distintos escándalos de corrupción. Los cárteles colombianos, el de Medellín y el de Cali, desangraban al país sudamericano con armas procedentes de Estados Unidos, en la llamada “época del terror”, que abarcaría los años de 1984 y 1989.
La Guerra Fría daba sus últimos estertores. La administración del republicano Ronald Reagan buscaba acelerar el desmoronamiento de la Unión Soviética y dilapidaba por todo el mundo recursos multimillonarios a organizaciones armadas anticomunistas. Algunas de ellas, más tarde, fueron catalogadas de terroristas por la misma Unión Americana. El vaquero ‘hollywoodense’ no escatimó carretadas de dólares para combatir a “los enemigos” de Occidente. La máquina de la esquizofrenia guerrerista estaba aceitada.
Entrega de armas químicas, convencionales y de destrucción masiva al régimen irakí de Sadam Husein en su guerra contra el estado fundamentalista de los ayatolas en Irán. Triangulación de recursos para el envío de armamento, no autorizado por el Congreso estadounidense, a la contra nicaragüense que boicoteaba y desestabilizaba la revolución sandinista. Una invasión de marines a Granada, isla de las Antillas que fue acusada por el gobierno de Reagan de implementar medidas “soviético-marxistas-cubanas”. Bombardeos en la Libia de Muamar el Gadafi. Financiamiento a los ‘muyahidines’, encabezados por el saudí Osama Bin Laden, en la cruenta guerra entre Afganistán y la Unión Soviética.
La obesa industria armamentista estadounidense se frotaba las manos. Los primeros años de las políticas neoliberales bajo la tutela de Reagan y Margaret Tatcher estaban aderezados con el negocio de la guerra, con una industria armamentista sin saciedad. Pero el goteo de armas también alimentaba a las aún incipientes mafias mexicanas. En ese momento el tráfico de marihuana comenzaba a llamar la atención de la DEA, sobre todo de un grupo asentado en la ciudad de Guadalajara. Los líderes de esta banda eran Rafael Caro Quintero, Ernesto Fonseca Carrillo y Miguel Ángel Félix Gallardo.
Desde aquellos años, la agencia antidrogas y su agente Enrique Camarena Salazar estaban centrados en el trasiego de enervantes desde México a la Unión Americana. No así en el tráfico ilegal de poderosas armas que servían a las bandas criminales mexicanas para operar sus millonarios negocios y corromper a las autoridades. La cocaína procedente de Colombia que hacía escala en México comenzaba a generar ruido. Nunca se chistó nada del armamento que salía de las fábricas y armerías en Estados Unidos.
Una vez secuestrado, ‘Kiki’ Camarena confesó iba tras Miguel Ángel Félix Gallardo
Samuel Ramírez Razo, El Sam era pistolero de Fonseca Carrillo. Fue uno de los cinco mafiosos que levantó a Kiki afuera del Consulado de Estados Unidos en Guadalajara, el 4 de febrero de 1985, y horas más tarde lo interrogó en una casa de seguridad de Caro Quintero, en la calle Lope de Vega 881, Sector Juárez, en la ciudad tapatía. Don Neto y El Sam dicen en una ampliación de declaración el 11 de abril de ese año:
“Recuerdo que sí le ordené a mi compadre Samuel Ramírez Razo que hablara con el señor Enrique Camarena Salazar, que le preguntara por qué el DEA (sic) le estaba tirando tanto y que le preguntara cuál era la causa y a ver qué información le podía sacar […].
“Recuerdo que mi compadre me informó que el señor Enrique Camarena Salazar le había dicho que el DEA no traía gran problema conmigo sino que, al que buscaban y que su atención estaba centrada, era en contra de mi compadre Miguel Ángel Félix Gallardo, porque estaba moviendo muy fuerte en los Estados Unidos con cocaína y que ya le habían dado unos golpes fuertes, y que los del DEA sabían que está cocaína salía de México y que quien era el dueño era Miguel Félix Gallardo”.
Acorralado, Don Neto continúa respondiendo al interrogatorio:
“Que en segundo lugar para el DEA y por su importancia estaba mi compadre Rafael Caro Quintero, porque éste era el principal introductor de marihuana a los Estados Unidos y era el que estaba produciendo más marihuana aquí en México y que, además, lo consideraban peligroso y además estaba medio loco, y que en último lugar, o sea el tercero, era el de la voz”.
La Defensa Nacional negó haber expedido permisos a las armas compradas en EU
En su segunda declaración, Caro Quintero había señalado que las veinte armas que adquirió en Estados Unidos, a 50 dólares cada una, “desde luego que tenían registro”. Esto brincó a las autoridades de la PGR. El organismo envía el 11 de abril de 1985 el oficio 5.-16762 a la Secretaría de la Defensa Nacional para solicitar los permisos que tenían las armas a las que se refiere el capo de Badiraguato.
El encargado de responder la petición no es un mando medio militar. El secretario de la Defensa, el general Juan Arévalo Gardoqui, es quien contesta la solicitud el 12 de abril. En el oficio 14755, el alto mando del Ejército dirige la respuesta al procurador general de la República, Sergio García Ramírez.
“La Dirección General del Registro de Armas de Fuego y Explosivos de esta Secretaría de la Defensa Nacional, no ha expedido en ningún momento permiso al C. Rafael Caro Quintero para tener las armas descritas en su oficio; que las propias armas no fueron nunca registradas en la citada Dirección, así como que tampoco se ha expedido permiso para portar dichas armas […], la totalidad del armamento descrito se encuentra tipificado como de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Mexicanos”.
También el 11 de abril de ese año el comandante de la 15º Zona Militar, con sede en Guadalajara, notifica a la PGR sobre el arsenal incautado a Don Neto y sus pistoleros en Puerto Vallarta, unos días antes. La custodia del armamento, adquirido en el mercado negro de Estados Unidos, según el testimonio de Fonseca Carrillo, queda bajo custodia del Ejército. El oficio 5.-17169 menciona que a partir del acuerdo de la averiguación previa 2567/85, el arsenal incautado comprende cinco pistolas Colt calibre .45, una pistola Itaka calibre .45, una pistola Randall calibre .45, una pistola Sauer calibre .45, dos pistolas Colt calibre .38, dos pistolas Browning 9 milímetros.
Y la lista sigue con las armas de alto poder:
“Un fusil AK91 calibre 380 con mira telescópica. Nueve fusiles AKS calibre 7.62. Tres fusiles de fabricación china calibres 7.6×39. Tres fusiles sin marca calibres 762×39. Un fusil marca ARM calibre 762×39. Cuatro fusiles ARK Colt calibre 223. Una escopeta Remington calibre.12. Una metralleta SM11-A1 calibre 380 con silenciador. Once granadas de mano defensivas, cargadas con pólvora al parecer norteamericanas. Diez cuerpos de granadas de mano adaptadas con sistema electrónico. Un cuerpo de Granada con tubo estabilizador y amperaje de cohete. Una granada esférica de mano de práctica. 328 cartuchos de diversos calibres para las armas y 50 cargadores de diversos tipos para las armas mencionadas”.
El hijo de ‘Kiki’ prestó las esposas de su padre para inmovilizar a Caro Quintero.
Con información de Milenio
Source: Mexico