En la primera semana de enero la Corte podría atraer la petición de Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, de quedarse en México y ser juzgado por tribunales del país.
En entrevista con el equipo de Ciro Gómez Leyva, en Por la Mañana, José Refugio, el abogado del cártel de Sinaloa, comentó que las violaciones a los derechos humanos del capo se han extendido a sus familiares.
Indicó que los amparos se encuentran en el Tribunal Colegiado, y fueron turnados a la ministra ponente para que formule su proyecto y con informe de sentencia.
“Respecto a la solicitud para que el colegiado seda la facultad de atracción, nos contestaron que se reservaba hasta el momento de deliberar sobre el sentido del fallo. Ante esta perspectiva, nosotros presentamos un escrito directamente a la presidencia de la Suprema Corte, exigiendo copia de la demanda de amparo, copia de la sentencia de amparo y copia certificada de nuestros agravios para hacerle ver a la Corte, que en la demanda de amparo se había planteado una cuestión de convencionalidad entre jurisprudencia de la Corte mexicana, con la de Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Convención Americana”, dijo.
José Refugio abundó que el juez de distrito había omitido resolver sobre ese punto, con base a un criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde establece que los tribunales inferiores, no pueden ejercer control de convencionalidad, respecto a los criterios jurisprudenciales de la Corte.
Explicó que de resolver el Tribunal Colegiado, entonces se violaría un principio de congruencia, que rige el juicio de amparo.
Y para poder tener respuesta a todos los motivos de inconformidad, solo la Corte lo puede hacer, y eso era uno de los motivos por lo que la Corte debería de ejercer facultad de atracción, de acuerdo a un criterio propio, comentó.
Insistió en que la primera semana de enero, cuando la Corte comience sus labores, les den respuesta al planteamiento hecho.
“Consideramos que la Corte no va a ir contra sus propios criterios, tiene que darle entrada en el momento de la solicitud para analizar si lo que estamos diciendo en nuestro planteamiento es cierto o no, y esto se abre un motivo de estudio que a veces dura de tres a seis meses”, señaló.
Para el abogado, Guzmán Loera debe de permanecer en México y debe ser juzgado por tribunales mexicanos, “nosotros desde el punto de vista jurídico y legal, lo vemos aquí en México luchando por su libertad”.
Reprochó la actitud arbitraria de las autoridades penitenciarias, que los han desgastado mucho, porque han estado en tribunales federales, ante la Comisión Interamericana y ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, peleando porque se les respete las reglas mínimas a que tiene derecho Joaquín Guzmán dentro de prisión.