En México existen al menos 36 conflictos mineros relacionados en su mayoría con despojos, violaciones a los derechos laborales, contaminación y daños a la salud. Todas estas denuncias, acusan activistas y pobladores, son permitidas por las autoridades de los tres niveles de Gobierno, incluso, utilizando su fuerza policiaca, reprimen movimientos opositores a las minas dejando decenas de heridos y muertos.
Con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN), en 1994, el Gobierno mexicano impulsó una reforma a la Ley Minera con el propósito de establecer condiciones de desregulación y de establecimiento de bajas tasas impositivas para generar condiciones ideales para la inversión de capital nacional y extranjero.
En la legislación se estableció que toda actividad de este tipo sería considerada de utilidad pública, preferente ante cualquier otro uso del terreno sobre el que se ubiquen los minerales.
El director de Comunicación de Greenpeace México, Raúl Estrada González, expuso en una entrevista para SinEmbargo que en el país la legislación minera está enfocada principalmente en incentivar la inversión en este sector y, sin embargo, no existe un marco regulatorio que permita cuidar el medio ambiente, ni que proteja los derechos de las comunidades.
“Esto ocurre porque tenemos una legislación muy débil, por que durante varios años y sexenios ha enfocado mucho más sus baterías en poder incentivar la inversión en el país, pero sin que esto represente un alto costo para las mineras”, denunció el activista.
El boom minero en el país inició a partir del año 2000 cuando a nivel internacional se presentó un aumento en el precio de los minerales. Entre 2001 y 2012 el número de concesiones otorgadas creció de 19 mil 376 a 26 mil 997. De éstas, las empresas canadienses obtuvieron 2 mil 600 concesiones.
Actualmente, alrededor del 30 por ciento del territorio nacional se encuentra en manos de 293 empresas de capital extranjero que extrae, explora y transforma los recursos minerales, así lo destacan cifras oficiales y grupos ambientalistas que defienden el derecho de los ciudadanos a su tierra y a la propiedad de lo que ésta genera. Las empresas pueden realizar actividades de exploración y explotación por hasta 50 años muchas veces prorrogables a otros 50.
Datos del observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL) y de la propia Secretaría de Economía (SE), destacan que al menos tres cuartas partes de los proyectos mineros son de empresas de capital canadiense.
Grupo México y La Peineta en Sonora; First Majestic Silver Corp en San Luis; Excellon Resources en Durango; Blackfire Exploration, en Chiapas; Proyecto Don Diego en Baja California Sur; Los Filos y El Bermejal en Guerrero y Esperanza Silver en Morelos, son algunas de las minas que operan en México y que enfrentan sendas denuncias ante organismos defensores de derechos humanos.
Algunos de los casos son de gran trascendencia, como el que ocurrió el que ocurrió en la mina Buenavista del Cobre, propiedad de Grupo México, en Sonora, donde se derramaron 40 mil metros cúbicos de ácido sulfúrico y que ocasionó afectaciones al medio ambiente y a la población aledaña. Otro caso es el asesinato del dirigente comunitario Mariano Abarca, en noviembre de 2009, luego de que se pronunció en repetidas ocasiones sobre los impactos ambientales y sociales de una mina de la firma candiense Black-fire Exploration en el municipio de Chicomuselo, Chiapas.
El más reciente fue el enfrentamiento que se registró el pasado domingo entre elementos del Ejército Mexicano, Policía Federal y ejidatarios de la comunidad de Santa María de Ostula, en Aquila, Michoacán, que dejó como saldo un menor de 12 años muerto y tres heridos de bala, entre ellos un niño de seis años.
De acuerdo con los pobladores y organizaciones, el Gobierno federal realizó un fuerte operativo de seguridad, en el que incluso utilizó helicópteros artillados, para detener a Cemeí Verdía Zepeda, líder comunitario acusado por las autoridades de portación de armas de uso exclusivo del Ejército, las cuales le proporcionó el propio gobierno en su intento por regular los levantamientos armados de los grupos de autodefensas surgidas en Michoacán en febrero de 2013.
Pero otras fuentes no gubernamentales, revelan que la detención de Cemeí se debe a su oposición a la minera Ternium, de origen italo-argentino, la cual tiene una importante presencia en la región.
El pasado miércoles, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y el Congreso Nacional Indígena (CNI) dijeron por medio de un comunicado de prensa que “las tierras de la comunidad de Santa María Ostula pretenden ser despojadas por empresas mineras extranjeras como Ternium, con el apoyo del mal gobierno coludido con el crimen organizado”.
Las organizaciones mencionaron que en los últimos cuatro años han desaparecido seis comuneros y otros 33, pertenecientes la comunidad de Ostula, han sido asesinados en este mismo periodo “en su lucha por la defensa de sus libertades y de sus tierras”.
La mina de Ternium en San Miguel de Aquila.
La mina de Ternium en San Miguel de Aquila. Foto: Cuartoscuro
El Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL) tiene documentada la oposición de la Comunidad indígena de San Miguel de Aquila contra la transnacional Ternium desde el 2000. Desde los inicios de operación de esta mina, en el año 1998, han habido varias protestas de los comuneros, quienes acusan a la empresa de violar acuerdos.
En noviembre de 2009, dice la organización, Ternium instaló una planta de trituración y preconcentración, lo que hizo necesario firmar otro acuerdo. Meses después, los nahuas se inconformaron porque no recibieron las regalías de 2010 y pidieron renegociar, pues el mineral se agota, el río está contaminado y Aquila, uno de los municipios más pobres de Michoacán, ha recibido pocos beneficios de la empresa.
Con todos estos antecedentes, hoy la empresa pretende ampliar su capacidad productiva sin consultarle a los comuneros, señalando que poseen el permiso de Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).
Los comuneros se han organizado y han puesto una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) porque las dependencias federales otorgaron permisos sin consentimiento de los 469 comuneros.