La Procuraduría General de la República (PGR) difundió nuevamente una parte del expediente sobre el caso Ayotzinapa con la mayor parte de su contenido oculto con tinta negra. Parte de la investigación no fue puesta a disposición del público es el rastreo de los celulares involucrados en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa –ya que esta información está catalogada como datos personales–, reclamó Vidulfo Rosales Sierra, abogado de las familias de los desaparecidos.
El rastreo de las llamadas fue una de las primeras recomendaciones hechas por el Grupo de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Los jóvenes desaparecieron entre el 26 y 27 de septiembre en Iguala, Guerrero.
La segunda parte de la versión pública del expediente incluye los anexos del I al VIII y del X al XIV, los cuales incluyen –en negros– los detalles de llamadas y geolocalización de seis teléfonos celulares de los cuáles está tachada la marca, el número, los detalles de llamadas y en algunos casos el color.
Rosales Sierra afirmó en entrevista que hasta ayer por la tarde, los padres desconocían esta versión pública de la segunda parte del expediente, pero para ellos el tema de los teléfonos es importante, toda vez que a los cinco meses de la desaparición de los jóvenes, la familia de Jorge Aníbal Cruz Mendoza afirmó haber recibido una llamada desde su número de celular, aunque no lograron hablar con él, posteriormente marcaron número y él aparato fue contestado por una voz desconocida para luego ser colgado.
Rafael López Catarino, padre de Julio César López, también señaló que de acuerdo con el GPS del celular de su hijo, el último lugar donde estuvo, fue en las instalaciones del 27 Batallón de Infantería de Iguala. “Estamos enfocados a los militares. El celular de mi hijo, su GPS dice que estuvo en el cuartel militar de Iguala. Por eso ellos participaron, ellos saben dónde están los muchachos”, dijo.
En entrevista con Noticias MVS el 16 de nero de 2015, López Catarino aseguró que gracias a unos “conocidos” suyos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero, pudo investigar el GPS del celular de su hijo. “Yo sigo pagando el celular de mi hijo, tengo su chip, me dicen que no lo use que porque las investigaciones, pero de qué sirve, nomás nos han engañado y tenemos que buscarle con nuestros propios recursos”, expresó entonces.
El representante legal de los padres de los desaparecidos insistió en que “para nosotros los teléfonos sí son de relevancia, nos van a indicar algunas pautas fundamentales porque a partir del rastreo de llamadas y geolocalización se establece una línea de búsqueda”.
Aunque ayer la PGR anunció que había sostenido una reunión con representantes de la Secretaría de Gobernación (Segob) y los integrantes del GIEI, el abogado de los padres de familia afirmó que con ellos se reunirán hasta el próximo 14 de abril.
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