A un año de la recaptura de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, el gobierno mexicano no ha logrado avanzar en cinco juicios que el Estado lleva en su contra, e incluso, el capo ha evadido, a través de amparos, la extradición a Estados Unidos, informó Excélsior.
En México, El Chapo enfrenta juicios por delincuencia organizada y contra la salud, por venta y distribución de cocaína; así como por posesión de Armas y cartuchos de uso exclusivo del Ejército y Fuerzas Armadas.
Las causas penales están radicadas en juzgados federales en los estados de México, Nayarit, Tamaulipas, y Jalisco. En Estados Unidos tiene abiertos juicios en Nueva York, Chicago, Texas, Miami y San Diego, por los delitos de homicidio, conspiración para asesinar a funcionarios, lavado de dinero, así como tráfico de drogas.
En tanto, las Cortes de Distrito de El Paso, Texas, y San Diego, California, han solicitado su extradición por los delitos de lavado de dinero, tráfico de drogas y homicidio.
Especialistas en temas de seguridad nacional, comentaron que el retraso en los juicios en contra de Joaquín Guzmán Loera, representa la falta de impartición de justicia en el país.
“Lamentablemente en el proceso de transformación del sistema de seguridad y justicia en México hay vacíos. A pesar de la evidencia, la flagrancia, la presentación de todo tipo de pruebas, como DNA, no hay castigo. Esto es lo que hace una buena parte de la impunidad del crimen organizado. El Chapo es un caso ejemplar. Es muy diferente aplicar la justicia y otra hacer justicia, en México no se hace justicia a pesar de que se aplique la ley”, consideró Javier Oliva, especialista en seguridad nacional y académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
“Para la procuración de justicia, es una evidencia de que son muy lentos los procesos de justicia, y que cualquiera que tiene recursos, por medio de amparos, puede alargarlos por tiempo para beneficiarse, como es el caso de El Chapo”, mencionó Raúl Benítez Manaut, profesor de la UNAM, especialista en temas de seguridad.
Consultados por Excélsior, los expertos mencionaron que a 12 meses de la captura no ha mejorado la seguridad en el país.
“Lo que llama la atención de Joaquín Guzmán Loera, es que a pesar de que ha metido amparos que están contemplados en la ley mexicana, también hay acuerdos bilaterales con Estados Unidos, que de alguna forma generan irritación entre las dos naciones. No ha mejorado la seguridad, parece que la disposición del mercado de las drogas está intacto. La detención o anulación de líderes criminales no quiere decir que se abatan los índices de violencia, por el contrario, los incrementa porque se fragmentan las organizaciones”, indicó Javier Oliva.
“La lucha contra el crimen organizado representa un nuevo paradigma, porque no sólo se trata de ubicar y detener a objetivos de alto impacto, sino tener estrategias legales para fortalecer los procedimientos, agilizarlos y ser contundentes para que los jueces tengan elementos claros para dictar sentencias y evitar que esas personas sigan delinquiendo dentro o fuera del país”, dijo Eduardo Vázquez, especialista en temas de seguridad y consultor en seguridad de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
“Sigue en las mismas tendencias, no ha habido ningún cambio importante. La captura de capos deja el resultado de que se van fragmentando las organizaciones, pero el resultado negativo es que se dispersan y generan más violencia entre ellas”, explicó Raúl Benítez.
El 11 de julio de 2015, El Chapo se escapó a través de un túnel del penal de El Altiplano. Hace un año, el 8 de enero, cayó por tercera ocasión en Los Mochis, Sinaloa. Fue reingresado al penal de El Altiplano. Sin embargo, en mayo del año pasado fue enviado a un penal de Ciudad Juárez, Chihuahua.