Ciudad de México. La presidenta Claudia Sheinbaum envió este jueves a la Cámara de Diputados iniciativas de ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública y del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en materia de seguridad pública, mediante las cuales se busca fortalecer la política de persecución de delitos de alto impacto y definir las nuevas funciones de la Guardia Nacional (GN) en la investigación de delitos.
Como adelantó este diario el lunes pasado, la mandataria federal hizo llegar las mencionadas propuestas en materia de seguridad interior, entre cuyas principales características está recuperar la propuesta de un registro nacional de usuarios de telefonía, para combatir los delitos de secuestro o la extorsión.
Asimismo, reconoce a la GN como integrante del sistema de seguridad, y prevé un sistema de inteligencia para “neutralizar los generadores de violencia y las redes criminales”, además de regular la obtención, análisis y uso de información para inteligencia en materia de seguridad.
En el caso de la nueva Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el documento indica que la institución encargada del diseño y ejecución de las políticas públicas emanadas del Consejo Nacional de Seguridad Pública es el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, “que desde 2009 no ha sufrido ningún cambio a profundidad en su esquema institucional para hacer frente a los retos y demandas ciudadanas para garantizar la paz”.
Por lo anterior, “resulta necesaria una reingeniería institucional” mediante una estrategia que “pretende dotar de mayor dinamismo al sistema a través de la eficiencia y transparencia en el ejercicio de los recursos federales en la materia”, precisa en la exposición de motivos.
Algunos de los puntos principales de la propuesta son la obligación de todas las instituciones de seguridad pública “a compartir y actualizar diariamente la información que generen en el ámbito de su competencia, de manera desagregada, constante, permanente, veraz y verificada”.
Además “se actualiza el catálogo de registros nacionales, a la vez que se establece la posibilidad de que se creen nuevos por decisión del Consejo Nacional y se dispone el mecanismo para regular la metodología de su integración y alimentación. Adicionalmente, se posibilita su interconexión con el Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública”.
El proyecto establece que, “a fin de combatir algunos de los delitos que más lastiman a la población, como el secuestro o la extorsión, se prevé la operación de un registro nacional de usuarios de telefonía móvil, cuyo diseño sea respetuoso de los derechos humanos y garantice entre otros el derecho a la privacidad”.
Otro punto se refiere a que “por primera vez se regulan los centros de comando y control en los tres órdenes de gobierno, encargados de las labores de recepción de reportes de emergencia y denuncias anónimas, los que estarán obligados a compartir y actualizar libremente las bases de datos su sistema de gestión de incidentes.
Por otro lado, se reconoce expresamente la GN como integrante del Sistema en concordancia con el artículo 21 constitucional, y se establece su participación en la Conferencia Nacional de Secretarías de Seguridad Pública y en los consejos locales, entre otros puntos.
Uso de tecnología e inteligencia contra criminales
En cuanto a la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública, el texto de la iniciativa establece que un organismo de esta naturaleza es de suma importancia para “lograr una disminución en la incidencia de delitos, especialmente los de alto impacto, neutralizando a los generadores de violencia y las redes criminales”.
Lo anterior se lograría “a través del desarrollo de productos de inteligencia que serán de utilidad para integrar debidamente y las carpetas de investigación mediante la recolección de indicios y datos de prueba”.
Uno de los principales puntos de la ley es que “contempla la integración para el análisis y la elaboración de productos de inteligencia, de información, registros, documentos y bases de datos provenientes, tanto de los sistemas de inteligencia con los que cuenten los entes que lo conforman, como aquella que, por su naturaleza y por la posibilidad de aportar indicios para las investigaciones, se consideren necesarios”.
Lo anterior incluye “registros financieros, inmobiliarios, fiscales, públicos, comerciales, vehiculares, de catastro, de armas y municiones, de números telefónicos y datos biométricos, así como todos aquellos que permitan elaborar y mantener actualizados de manera permanente insumos como organigramas criminales y mapas delictivos, al igual que los obtenidos con control judicial que permitan identificar patrones de anticipo de conductas delictivas, todo ello con acceso inmediato”.
El uso de la inteligencia en materia de seguridad pública, añade la iniciativa de Sheinbaum, “permitirá la planeación y el diseño de políticas basadas en evidencia, así como la toma de decisiones oportunas y estratégicas tanto para la prevención cómo para la reducción de la incidencia delictiva”.
Lo anterior, debido a que “la utilización de recursos tecnológicos será empleada para el análisis de datos la identificación de patrones y la comprensión de las dinámicas criminales en las zonas con mayor incidencia”.
A diferencia del Sistema Nacional de Información, cuyo objetivo es generar datos estadísticos de manera posterior al hecho delictivo, “el sistema regulado en esta ley busca producir información en tiempo real o en el menor tiempo posible, con un procesamiento y contenido estratégico”.
De esta manera, la SSPC podría “interpretar la información y generar productos de inteligencia para la toma oportuna de decisiones encaminadas a anticipar la actividad criminal y aportar elementos de prueba en las investigaciones correspondientes”.
Source: Mexico