Los senadores Eviel Pérez Magaña, del PRI, e Isidro Pedraza Chávez, del PRD, integrantes de la Comisión de Asuntos Indígenas, celebraron una reunión de trabajo en donde aprobaron un dictamen que busca fortalecer el acceso de los indígenas monolingües a traductores e intérpretes, cuando se encuentren ante un proceso penal.
El documento propone que el Senado exhorte a los poderes Ejecutivo y Legislativo de las entidades federativas para que incorporen a su legislación las normas necesarias para hacer efectivo el derecho de acceso a la justicia de los pueblos indígenas.
Además, llama a los poderes Ejecutivo y Judicial de los estados, para que sus organismos garantes de derechos humanos valoren la pertinencia de celebrar convenios de colaboración con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI).
Asimismo aprueba hacer un exhorto a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2016 se consideren recursos destinados a instituciones, órganos autónomos, dependencias y entidades que tengan a su cargo la procuración de justicia y la defensa de los derechos humanos, para cubrir los servicios de peritos intérpretes y traductores.
Los legisladores integrantes de la Comisión, señalaron que si bien existe un padrón de intérpretes y traductores a disposición del Inali, éste tiene un problema: la ley no establece qué autoridad es la encargada de ello; esta situación provoca que el indígena monolingüe no tenga acceso a este servicio.
“Hay cerca de ocho mil indígenas sujetos a un proceso penal en el país, y muchos de ellos no recibieron una asesoría técnica, lo que evidencia esta mala práctica y estigmatización hacia este sector de la población”, señaló el senador Isidro Pedraza Chávez.
La Comisión de Asuntos Indígenas también aprobó la iniciativa emanada del Senado para solicitar a la Secretaría del Trabajo que, en coordinación con las comisiones Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, den continuidad a los objetivos, estrategias y líneas de acción contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, en el combate a la discriminación laboral.
Al respecto, el senador Pedraza Chávez apuntó que no puede dejar de subrayarse a la Secretaría del Trabajo la necesidad de que se mantenga vigilancia sobre los contratistas, en especial de jornaleros, para frenar la explotación de que son objeto los indígenas.
Refirió que la reciente denuncia de explotación en San Quintín, Baja California, evidenció que el maltrato de los jornaleros se registra también en otros estados, como Oaxaca, Guanajuato y Guerrero, entre otras entidades, por lo que es urgente que las autoridades actúen con todo vigor para revertir esta situación que lastima la situación de los trabajadores en el país.
La Comisión aprobó también la iniciativa de reforma al artículo 4 y el numeral 6 del artículo 16 de la Ley de Derechos Lingüísticos de Derechos Indígenas, cuyo objetivo es que las lenguas de las diversas etnias se reconozcan como nacionales, por su origen histórico, y tengan la misma validez que el español.
El objetivo es garantizar el respeto a los derechos humanos, la no discriminación y acceso a la justicia, conforme lo marca la Carta Magna y tratados internacionales en la materia, de los que el Estado mexicano es parte.
De igual forma, se avaló la minuta de reforma a los artículos 1, 3, 11 y la fracción I del artículo 13 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, a fin de promover la importancia de preservar y usar la lengua materna indígena, bajo un contexto de respeto y reconocimiento.
En la treceava reunión ordinaria de la Comisión de Asuntos Indígenas también se aprobó, para su presentación ante el Pleno, el tercer informe de labores de la comisión.