La familia de Lesvy Berlín Osorio y el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria rechazaron, de manera “contundente”, la hipótesis de la Procuraduría General de Justicia capitalina (PGJ-CDMX) de que el pasado 3 de mayo en las inmediaciones de Ciudad Universitaria la joven de 22 años se suicidó frente a su novio.
En tanto, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJ-CDMX) informó que un juez de Control impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa en el Reclusorio Oriente a quien fue novio de Lesvy, acusado de homicidio simple doloso por no evitar que la joven muriera.
Mediante un comunicado, el Centro Vitoria aseguró que la versión de la dependencia emitida esta tarde -en la que aseguró que la joven de 22 años se enredó el cable de la caseta telefónica en el cuello y se colgó frente a su novio sin que éste lo impidiera- se presenta como contundente, pese a que la investigación sigue abierta.
Además, criticó que los dictámenes periciales del caso se realizaron con inconsistencias graves. Por ejemplo, el hecho de que desde el principio la PGJ actuó bajo una lógica “criminalizante, revictimizante y carente de perspectiva de género”.
El Centro reiteró que el órgano encargado de investigar y perseguir los delitos de la capital ocultó información a la defensa de la familia de Lesvy e impidió la coadyuvancia técnica del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) solicitada desde el pasado 6 de junio.
Peor aún, destacó que hasta ayer -dos meses y dos días después- la PGJ entregó la carpeta de investigación completa, así como los videos de la UNAM, a la abogada Sayuri Herrera, del Centro Vitoria. Con ello, dijo, la dependencia impidió que el organismo corroborara que la línea de investigación se desarrollaba de acuerdo con los estándares aplicables en la investigación de feminicidios.
Finalmente, el Centro acusó que la Procuraduría -ahora a cargo de Edmundo Garrido-, de nuevo violó los protocolos de atención a víctimas y actuó al margen de la familia, de sus acompañantes y defensoras, al dar a conocer información y realizar la detención de una persona sin que la familia de la víctima fuera notificada de manera previa y adecuada.
Fuente: Proceso
Source: Mexico