De acuerdo con la publicación de el diario El Universal, son al menos cuatro normalistas que estuvieron presentes durante los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, se acogieron a la figura de testigos protegidos en calidad de víctimas, para resguardar su integridad tras recibir amenazas.
En las declaraciones ministeriales contenidas en la averiguación previa PGR/SEIDO/UEIDM/01/2015, a la cual tuvo acceso EL UNIVERSAL, los jóvenes narran cómo fueron perseguidos por policías municipales y ministeriales y cómo vecinos los resguardaron en sus casas.
Uno de los jóvenes señala que alrededor de las 23:00 horas, elementos municipales y ministeriales les dispararon, por lo que huyeron hacia unos callejones.
Otro de los normalistas protegidos cuenta que en las últimas horas del 26 de septiembre logró esquivar las balas de los policías municipales porque junto con otros compañeros subió por un cerro.
Asimismo, en los expedientes de la PGR se encuentra una carta que el Equipo Argentino de Antropología Forense envió al entonces procurador Jesús Murillo Karam. En ésta reclama que autoridades hayan dejado sin custodia el basurero de Cocula donde supuestamente fueron incinerados los normalistas.
Señalan que durante ese lapso “41 casquillos percutidos fueron colocados por alguna persona debajo de una piedra” y que vio a gente caminar libremente por el basurero.
En entrevista, Roberto Campa, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, consideró que el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes no implica un “borrón y cuenta nueva”.
Por otra parte, el subprocurador de Derechos Humanos, Eber Omar Betanzos, informó que la PGR pidió a la NASA y a la Agencia Espacial Europea imágenes satelitales para establecer la ruta que siguieron los normalistas hasta su desaparición.
Hoy los padres de los estudiantes encabezan la Marcha de la Dignidad Nacional, para conmemorar un año de la desaparición de sus hijos.