En los próximos días, el presidente Andrés Manuel López Obrador emitirá un acuerdo para que por la vía de modificaciones administrativas la parte operativa de la Guardia Nacional (GN) pase a integrarse a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Tras el anuncio en su conferencia de prensa, se le cuestionó al titular del Ejecutivo federal si esto no implicaría anular el poder Legislativo en la reforma constitucional a lo que respondió:
“Si no violo la Constitución, que no lo voy a hacer nunca, no hay ningún problema, pero tengo que utilizar los márgenes legales para avanzar”, dijo y añadió que “sí, va una iniciativa para la reforma constitucional, pero vamos a buscar la forma de que lo podamos hacer en lo administrativo por si no pasa, de todas maneras, va a quedar asignación”.
El decreto anunciado por el presidente es inconstitucional y el Poder Judicial de la Federación (PJF) debe ser efectivo para detenerlo, coincidieron expertos en derecho constitucional.
Javier Martín Reyes, abogado y politólogo del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), estimó que el presidente López Obrador ya se dio cuenta de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no es ágil en procesar las controversias y acciones de inconstitucionalidad que se promueven contra sus decretos, por lo que ahora busca consumar la militarización de la seguridad pública con la transferencia de la GN al Ejército.
“Me queda claro que la Suprema Corte y el poder Judicial tendrían que ponerle freno a un acuerdo que es abiertamente contrario a la Constitución”, mencionó.
Destacó que desde junio del 2020 la Suprema Corte no ha podido resolver las diversas acciones de inconstitucional promovidas en contra del decreto del 11 de mayo de ese año del presidente López Obrador, por el que ordenó el uso de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública hasta 2024.
En el mismo sentido, Daniel Torres Checa, abogado constitucionalista de la Universidad Panamericana (UP), expresó que el silencio de la Suprema Corte en este tema es un argumento que lleva al presidente López Obrador a plantear mediante un decreto pasar la GN a la Sedena.
Javier Martín Reyes explicó que si bien el decreto que emitirá el primer mandatario puede ser sujeto de amparos y suspensiones por parte de los jueces federales, la resolución definitiva tiene que provenir de la Suprema Corte de Justicia, misma que podría ir más allá del 2024 en su determinación.
Consideró que en caso de emitir dicho decreto, éste es inconstitucional, ya que el Artículo 21 de la carta magna es claro en que “las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional, serán de carácter civil”.
En el mismo sentido, el abogado constitucionalista Ignacio R. Morales Lechuga planteó que el presidente López Obrador no puede emitir un decreto contra la Constitución sin que sufra las consecuencias de su violación.
El jurista Martín Reyes consideró que si el presidente López Obrador desea que la seguridad pública sea militar, debe cubrir el procedimiento correspondiente, mediante el envío de una iniciativa al Congreso.
“Si el presidente quiere una Guardia Nacional militarizada que lo planteé, que presente una iniciativa, que haya una discusión democrática en el Congreso, y si le dan las mayorías que se apruebe, aunque es una mala idea en el marco internacional. Pero aquí no se vale agarrar la vía fastrack de desconocer por un acuerdo o un decreto lo que con toda claridad establece la Constitución”, expresó.
La Fundación para la Justicia sostuvo que “el presidente viola el compromiso de respetar y actuar conforme a la Constitución, la cual establece que las instituciones de seguridad pública pertenecerán al orden civil. Cualquier decisión que disponga adscribir a la GN a la Sedena es inconstitucional”.
El politólogo Jorge Javier Romero planteó que “el presidente ha anunciado que, sin tapujos, ha decidido violar la Constitución y hacer lo que le de la gana con la Guardia Nacional. Desacato descarado, algo propio de golpistas”.
Por su parte, actores políticos y de la sociedad civil señalaron al presidente de buscar violar la ley a través de una medida inconstitucional.
El presidente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, consideró que con esta medida el gobierno federal otorgaría a las Fuerzas Armadas atribuciones que no les corresponden, por lo que Acción Nacional presentaría una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en caso de que se lleve a cabo el acuerdo que pretende el presidente.
Alejandro Moreno Cárdenas, presidente nacional del PRI, consideró que la intención del presidente de pasar la adscripción de la Guardia Nacional a la Sedena es “otro distractor” y adelantó que no permitirán que “se atente contra el orden constitucional”, e indicó que acudirán a las instancias correspondientes para evitarlo.
En tanto, el coordinador del PRD en la Cámara de Diputados, Luis Espinosa Cházaro, criticó al mandatario al señalar que “gobernar a base de decretazos es pisotear la Constitución; tan grave es la forma, como el fondo, es decir, la militarización del país”. En este sentido, el senador del PRD, Miguel Ángel Mancera, aseguró que el partido se sumará a las acciones de inconstitucionalidad contra el acuerdo del presidente.
En tanto, mediante pronunciamientos publicados en redes sociales, el Centro Prodh señaló que llevar a la GN a la Sedena con un acuerdo presidencial “implicaría eludir el debate legislativo para contravenir la Constitución y profundizar la militarización”.
De acuerdo con la CNDH, en el primer semestre del 2022, la GN suma 1,109 quejas por violar derechos humanos, mientras que el Ejército 1,019.
Source: Mexico