En la víspera de que se cumpliera una década del despliegue militar iniciado por el ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa contra grupos del narcotráfico, una política se pronunció por el regreso de las tropas a los cuarteles: Margarita Zavala Gómez del Campo, esposa del mismo ex mandatario que los puso por miles en las calles y hoy auto declarada precandidata panista a la Presidencia de la República.
“Yo quiero que los delincuentes estén en la cárcel, que los ciudadanos caminen libres en las calles, que policías, fiscales y jueces protejan a los ciudadanos. Y entonces sí, esto permitirá que suceda lo que por supuesto también quiero: quiero que nuestros soldados y nuestros marinos regresen victoriosos a los cuarteles”, dijo el pasado sábado 10 de diciembre.
Por provenir del círculo político más estrecho del calderonismo, sin embargo, el mensaje fue considerado como “irónico”, “electoral” y poco creíble.
Además, de acuerdo con la investigadora Laura Atuesta Becerra, trasluce la misma ausencia de autocrítica que han mostrado Calderón Hinojosa y el resto de los mandatarios que han recurrido a la estrategia de usar al Ejército en tareas de seguridad pública, iniciada hace dos décadas pero masificada a partir del 11 de diciembre de 2006.
“Tanto el ex Presidente Vicente Fox Quesada, como Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, en algún momento, por más que hayan dicho: ‘esta es la solución’, tienen que darse cuenta de que no lo fue. Cuando se implementa una política pública, en algún momento se tiene que evaluar y decir si estamos haciendo algo mal y no podemos seguir haciéndolo”, dice Atuesta Becerra, académica del Programa de Política de Drogas del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).
“Entonces, por más que haya sido la primera dama, o que sea panista o por más que sea de derecha, yo pienso que, si quiere ser Presidenta, tiene que empezar a evaluar qué se hizo bien o qué se hizo mal”, agrega la también autora de “La política de drogas en México 2006-2012: análisis y resultados de una política prohibicionista”.
Zavala Gomez del Campo expresó su opinión con respecto a los militares en un evento partidista en la Ciudad de México. Al siguiente día se cumpliría la primera década de que el Gobierno de su esposo y compañero de partido anunciara el inicio de “la recuperación de los espacios públicos que la delincuencia organizada ha arrebatado”.
Diez años después, sin embargo, México es todavía el principal proveedor de drogas ilegales del mercado norteamericano, de acuerdo con la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) y, en territorio nacional, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el delito de asesinato ha dejado más de 186 mil víctimas entre diciembre de 2006 y diciembre de 2015.
La presencia del Ejército en zonas urbanas de Nuevo León, Chihuahua, Baja California y otros estados se tradujo asimismo en una multiplicación de casos de violaciones a derechos humanos, con decenas de evidencias de allanamientos, detenciones ilegales, tortura e incluso, como en el municipio mexiquense de Tlatlaya, con ejecuciones extrajudiciales.
“Los estados en los que se dieron más violaciones a los derechos humanos (tomando como referencia el número de recomendaciones emitidas) fueron Chihuahua, Michoacán, Nuevo León y Tamaulipas (…) las más recurrentes fueron la tortura, la detención arbitraria y la ejecución extrajudicial”, indica Atuesta en su análisis sobre la política prohibicionista, publicado en 2014.
“Lo que demuestran los datos es que las violaciones a los derechos humanos en el marco de la lucha contra el narcotráfico fueron particularmente abundantes durante en el sexenio de Calderón”, agrega.
El 8 de diciembre pasado, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda, reclamó que los legisladores y otros sectores gubernamentales no hacen su trabajo en el combate al crimen y por ello el Ejército tiene que salir a las calles.
“Nosotros no pedimos estar aquí [en las calles]. Si quieren que volvamos a nuestros cuarteles soy el primero en alzar la mano para regresar a nuestras tareas constitucionales. Esto [violencia] no se resuelve a balazos, falta compromiso de muchos sectores para que esto camine, se requieren de otros componentes como presupuestos”, expuso el General Secretario en una conferencia al hacer un balance a 10 años de que las Fuerzas Armadas recrudecieron su embate contra la delincuencia organizada.
El titular de la Sedena lamentó que en ese periodo las policías estatales no se hayan reestructurado y que haya muerto una alta cantidad de mexicanos sin importar el bando.
Sin Embargo