México se colocó en el tercer lugar entre los cuatro países más mortíferos contra defensores de derechos humanos en el mundo durante el año pasado, con 31 homicidios. Se trata de una lista roja que concentra el 80 por ciento del total de los homicidios en el mundo, y que lidera Colombia, con 91 asesinatos; seguida de Filipinas, con 60, y Brasil, con 27 homicidios, consignó el Informe Anual sobre Defensores de Derechos Humanos en Riesgo 2017, realizado por la organización internacional Front Line Defenders.
El Informe, dedicado a los 312 defensores asesinados en 27 países del mundo durante 2017, fue revelado por esta organización –fundada en Dublín, Irlanda, en 2001, con el objetivo específico de proteger a defensores en riesgo y personas que trabajan de forma no violenta por alguno o todos los derechos consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos– apenas días antes de que el 18 de enero pasado, en México, fuera asesinada Guadalupe Campanur Tapia, activista de 32 años, defensora de los bosques y el territorio comunal de Cherán, Michoacán.
La joven era integrante activa en la lucha por la seguridad, la justicia y la restitución de ese territorio comunal purépecha desde el inicio del movimiento que en 2007 inició la expulsión de talamontes, narcotraficantes y políticos de sus tierras para establecer, en 2011, el sistema de usos y costumbres para resolver, de manera colectiva, todo lo relacionado con las operaciones económicas y sociales de la comunidad.
Ni el Gobierno de Michoacán, que preside el perredista Silvano Aureoles Conejo, ni el Gobierno de la República, que encabeza Enrique Peña Nieto, se pronunciaron sobre el asesinato de Lupita Campanur.
Esa indiferencia gubernamental en México y en otros países del mundo frente a estos homicidios se destaca en el Informe de Front Line Defenders.
“El número de asesinatos de defensores/as de derechos humanos “siguió siendo verdaderamente alarmante y la débil respuesta tanto de gobiernos nacionales como de la comunidad internacional ofrece un panorama de cambio poco esperanzador a corto plazo”, consigna.
El año pasado, plantea, fue testigo del mayor número de asesinatos de defensores/as ambientales y periodistas registrados en México en los últimos años, en medio de una crisis de violencia que se extiende por todo el país, destaca.
“La aprobación en diciembre de una nueva Ley de Seguridad Interior en México que permite la intervención de las fuerzas armadas en asuntos de seguridad pública es particularmente preocupante por la ambigüedad de la redacción, su probable implementación arbitraria y sus posibles efectos negativos en la protesta social”, añade la Organización No Gubernamental (ONG).
Los defensores mexicanos asesinados y que se incluyen en la lista de Front Line Defenders son:
- Juan Ontiveros Ramos.
- Silvestre de la Toba Camacho.
- José Alberto Toledo Villalobos.
- Miriam Rodríguez Martínez.
- Isidro Baldenegro Lopez.
- Benjamín Juárez José.
- Marco Antonio Pazuengo Salazar.
- Fredy Cruz García.
- Alan Geovani Martínez Contreras.
- Rafael Hernández Cisneros.
- Marciano Martínez Cruz.
- Antonio Santiago González.
- Humberto Morales Santíz.
- Cecilio Pineda Birto.
- Hiram Yusset Tejeda Salas.
- Ricardo Monlui Cabrera.
- Miroslava Breach Velducea.
- Juan José Hernández Alchino.
- Santiago Crisanto Luna.
- Luis Gustavo Hernández Cohenete (menor de edad) .
- Francisco Jiménez Alejandre.
- José Carlos Jiménez Crisóstomo.
- Maximino Rodríguez Palacios.
- Gerardo Corona Piceno.
- Héctor Jonathan Rodríguez Córdova.
- Jesús Javier Valdez Cárdenas.
- Agustín Vázquez Torres.
- Miguel Vázquez Torres.
- Rodrigo Guadalupe Huet Gómez.
- Meztli Omixochitl Sarabia.
- Fernando Tlaxcalteca.
Los 312 defensores fueron asesinados en 27 países por su trabajo pacífico, según datos recopilados por la organización. Más de dos tercios, un 67 por ciento del número total de activistas asesinados, defendían derechos sobre la tierra, al medio ambiente y de los pueblos indígenas, casi siempre en el contexto de actividades de industrias extractivas, megaproyectos y grandes empresas.
De entre los casos recopilados, sólo 12% de todos los casos de asesinato dieron como resultado el arresto de sospechosos.
“La impunidad ante actos de violencia y la insuficiencia crónica de protección para defensores/as en riesgo continúa generando el clima de frecuentes asesinatos, dijo la organización. De los casos sobre los cuales se recopilaron datos sobre amenazas previas, el 84 por ciento de las y los defensores habían recibido al menos una amenaza de muerte personal antes de ser asesinados/as”, establece.
La criminalización, dice, siguió siendo la estrategia más común utilizada para obstaculizar y deslegitimar el trabajo de las y los defensores.
“Miles de derechos humanos fueron objeto de detenciones, acusaciones falsas, sometidos/as a procesos legales largos, costosos e injustos y, en algunos casos, condenados/as a largas penas de prisión. La ola de legislaciones restrictivas utilizadas para perseguir a defensores de derechos humanos y medios independientes continuó en 2017 y tanto las tácticas cuasilegales como aquellas más violentas utilizadas por los opresores estuvieron acompañadas de campañas difamatorias profesionales que contaban con amplios recursos”, expone.
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Source: Mexico