El pasado lunes, representantes de la sociedad civil y legisladores del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) presentaron la Ley Orgánica de la Fiscalía General, la cual busca acabar con la impunidad, reconfirmar la idea de justicia en México y avanzar hacia la elección del Fiscal General de la República y de las fiscalías especializadas.
A la par, los casos que esa Ley Orgánica debe abordar, se fueron acumulando. En lo que va de septiembre, Alejandro Gutiérrez, acusado del desvío de 250 millones de pesos del erario de Chihuahua estuvo a punto de obtener su libertad; el domingo pasado, la revista Proceso publicó un reportaje en el que exhibe las propiedades que adquirió el ex Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, y su equipo más cercano, durante su administración. El día de ayer, con base en las revisiones de la Auditoría Superior en la Federación (ASF), el periódico Reforma publicó el desvío de mil 900 millones de pesos de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).
De acuerdo con académicos y expertos, ya con el Congreso instalado se podría pasar de los dichos a los hechos y llamar a cuentas a cualquier político que esté involucrado en actos de presunta corrupción, sobre todo cuando en el Poder Ejecutivo está el periodo de transición.
Este martes, un nuevo informe de Transparencia Mexicana y Transparencia Internacional sobre los niveles de cumplimiento de la Convención de la OCDE en la lucha contra la corrupción, identificó a México en el grupo de países con niveles mínimos o nulos de cumplimiento.
El informe destacó, en su apartado para México, lo que será el principal reto para la nueva administración federal: que la Fiscalía General que está por nacer tenga la independencia necesaria para investigar a funcionarios o empresas sin importar su nacionalidad o nivel de influencia política. La nueva Fiscalía General será la responsable de utilizar esta Convención para investigar y perseguir casos de corrupción trasnacional.
“Lo que distingue a un país bien evaluado en el cumplimiento de la Convención OCDE es el trabajo que realiza su Fiscalía y, por supuesto, que al final de la investigación, una sanción en firme sea aplicada por un juez. A casi 20 años de la ratificación en el Senado de esta Convención por parte de México, esto nunca ha ocurrido”, señaló Transparencia Mexicana.
En entrevista con SinEmbargo, analistas coincidieron en que en el Congreso la fiesta por la victoria ya se acabó y que se podrían tomar cartas en estos asuntos, si es que se quiere impulsar el cumplimiento de la promesa que llevó, en gran medida, a Morena a la victoria: el combate a la corrupción y a la impunidad.
De acuerdo con Eduardo Espinosa, Coordinador del área legal del Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), desde el punto de vista jurídico, puede decirse que las instituciones que están a cargo de la justicia en México siguen trabajando a pesar de que exista una transición en el Ejecutivo, lo que no supone la falta o ausencia de la autoridad, pero hay un Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) que no se aplica y aún no hay un nombramiento de un Fiscal General.
Alejandro Guillén Reyes, investigador de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP) dijo que el Congreso ya tendría que estar trabajando y revisar si se está aplicando o no el SNA, independientemente de que aún no entre el nuevo gobierno, “la fiesta ya se acabó. Esa nueva legislatura ya tiene que estar en esa sintonía. Tienen que mandar señales, una señal política de que todos tienen que rendir cuentas y aclarar esos asuntos que son bochornosos y que además, se vea que las instituciones están trabajando”.
Mariana Campos de México Evalúa coincidió: “El Congreso puede llamar a cuentas a cualquier Secretario, el Gobierno de Enrique Peña Nieto sigue en funciones, por lo que se espera que el Congreso no priista llame a cuentas a los responsables que siguen en funciones”.
Para Guillén Reyes, la situación sobre el tema de la corrupción es preocupante y en las elecciones de este año se envió un mensaje muy claro en el sentido de que la gente votó por una opción que entre otras cosas prometió combatir la corrupción y la impunidad y esa fue una de las razones principales por las que la gente votó por Andrés Manuel López Obrador y también le dio en el Congreso una mayoría para que pudiera hacer muchas cosas.
“La intención de la gente de darle todos estos instrumentos es para que lleve a cabo o cumpla con su promesa de campaña, que es combatir la corrupción […] El Congreso tiene que ponerse a trabajar ya en el nombramiento del Fiscal Anticorrupción. Que haya una propuesta formal de quién lo encabezará. En el corto plazo, si continúa la incertidumbre de si se va a proceder o no con respecto a los escándalos de corrupción, el bono democrático se seguirá desgastando y será trágico para México que un personaje como López Obrador, que ha levantado tanta expectativa y por el que la gente votó porque necesitaba algo diferente a lo que hicieron PRI y PAN en esta materia, entonces el que no mande señales concretas, terminará por desgastar aún más el bono”, añadió.
DE LOS SEÑALAMIENTOS A LAS ACCIONES
La académica de la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Claudia Aldana González, comentó que el poder que tiene ya la mayoría en el Congreso, no tiene solo que enviar señales claras, sino tener un aparato legal que pueda actuar legítimamente y no dejar impunes estos casos.
“Estamos en un vacío de poder porque a la antigua cabeza ya no se le tiene el más mínimo respeto y la nueva todavía no puede empezar a actuar”, agregó.
En este sentido, Espinosa sostuvo que no debería debe existir ese limbo generado el 2 de julio y que puede extenderse hasta el 1 de dociembre.
“Si bien políticamente parece que lo hay, el caso de Sedatu lo lleva la ASF, es quien hizo los reportes y deben ser los encargados ese llevar una acción penal si así lo consideran. No lo sabemos aún, sólo que ellos concluyeron que sí hubo un desvío e hicieron análisis para llegar a esa conclusión, pero son ellos los que tienen que tomar la acción penal. Si la ASF es muy cercana a las cámaras, ésta puede actuar aunque Andrés Manuel no esté en el poder”, señaló.
Sobre el papel o responsabilidad del Congreso, dijo que éste tiene una agenda muy clara de cuáles son sus prioridades y hasta el momento, estos temas recientes no han figurado en lo absoluto.
“Técnicamente lo que pueden hacer es un juicio político porque la Constitución nos dice que se puede hacer durante el cargo o hasta un año después que lo hayan concluido, pero no se ven esas intenciones porque tienen una agenda muy marcada y es a la que se están ciñendo”, agregó Espinosa.
Por su parte, Juan Luis Avendaño, académico de la Universidad Iberoamericana, comentó que parte del problema es el largo periodo de transición “que justamente se presta a este tipo de aberraciones de gobernabilidad y de corrupción porque el gobierno saliente tiene cinco meses para desaparecer expedientes, para arreglar sus futuros. Tiene cinco largos meses para trabajar en la limpieza de expedientes”.
El politólogo prevé una Procuraduría General de la República (PGR) que se enfocará en
sacar del atolladero a distintos personajes que están acusados de corromper instituciones o de desviar recursos públicos a campañas, como el caso de Gutiérrez en Chihuahua y tampoco vislumbra una investigación seria sobre los casos que ya acumula Rosario Robles.
“Claramente hay una sistemática e institucionalizada obstrucción de la justicia. Es parte de este sexenio fallido que tuvimos en México y que fue reprobado en las elecciones por los electores”, añadió
Más información en Sin Embargo
Source: Mexico