El Congreso de Quintana Roo –de mayoría priista– aprobó este martes 21 de junio la creación de una Fiscalía General en sustitución de la Procuraduría de Justicia estatal, y además dejó en manos del Legislativo la designación del nuevo fiscal.
De acuerdo con la oposición, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) busca “blindar” al gobernador saliente, Roberto Borge –a sólo dos meses de que deje el cargo–, y así evitar que se investiguen las acusaciones en contra de su administración por supuestos malos manejos.
Tras la apertura del periodo extraordinario del Congreso estatal, la aprobación del dictamen ocurrió en un espacio alterno debido a protestas.
Lo que acusan los opositores y organizaciones es que el mismo Congreso –dominado por el PRI– es el encargado de establecer quién será el nuevo fiscal General de Justicia por un periodo de nueve años, y ese funcionario podría encubrir al priista Borge incluso cuando se dé la transición.
“Esta administración (de Borge) está tratando de dejar un procurador a modo. Creemos que quien venga tendrá que hacer una revisión minuciosa contra la administración”, dijo a Animal Político el diputado independiente con licencia, Jorge Aguilar Osorio.
El diputado del Partido Acción Nacional, Sergio Bolio, dijo que la reforma para aprobar la creación de la nueva Fiscalía se aprobó con 18 votos a favor y 5 en contra (3 del PAN, uno del PRD y otro del suplente del legislador independiente).
“La Procuraduría se convertiría en Fiscalía y (su titular) duraría entre 7 y 9 años, esto trascendería la administración de Carlos Joaquín (quien será el próximo gobernador). Lo que están buscando es blindar al gobernador saliente y que Carlos Joaquín quede atado de manos en materia de penal y de fiscalización”, mencionó Bolio.
El diputado priista Pedro José Flota, según Notimex, dijo que la reforma aprobada es para que Quintana Roo se ajuste al nuevo sistema de justicia penal acusatorio.
También mencionó que se estableció un artículo transitorio, para que quien actualmente ocupa el cargo de procurador General de Justicia sea el titular de la nueva Fiscalía, aunque la facultad de ratificarlo o nombrar un nuevo fiscal será de la autoridad entrante.
Es decir, de Carlos Joaquín, el candidato ganador en las pasadas elecciones del 5 de junio.
Sin embargo, el legislador Bolio señaló que el próximo gobernador no podría nombrar a capricho un nuevo fiscal, ya que se establecieron causales específicas, que dificultarían remover al fiscal designado en la administración de Borge.
En una revisión del dictamen, que según el legislador Luis Razo fue el aprobado, se lee que el actual titular de la Procuraduría quedaría designado como fiscal General, por un periodo de 9 años.
En cuanto a la posible remoción del Fiscal, establece que sólo podría ser por causas graves contempladas en las leyes estatal, y que tendría que ser aprobada por el voto de las dos terceras partes de los miembros integrantes de la Legislatura del Estado.
Otro de los puntos que se lee en el dictamen es que “el Titular del Poder Ejecutivo del Estado, deberá designar a más tardar dentro de los quince días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente decreto,mediante el procedimiento establecido en la ley, a los Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo”.
Según el legislador Bolio, para que entre en vigor la reforma de la Constitución estatal, aún falta la aprobación de la mayoría de los cabildos en los municipios de Quintana Roo.
Los legisladores tuvieron que desplazarse de su sede habitual para sesionar, porque manifestantes tomaron la tribuna del Congreso estatal, ante los avisos de una posible aprobación de lo que han llamado como un “paquete de impunidad”.
En las afueras del Congreso, de acuerdo con un reporte del diario La Jornada, la policía lanzó gases lacrimógenos, para disuadir a manifestantes.
En un video, quien será el sucesor de Borge tras ganar las elecciones del pasado 5 de junio con una alianza entre el PAN y PRD, Carlos Joaquín, llamó a los integrantes del Congreso estatal a no traicionar a la sociedad, “nombrando a cómplices de la corrupción” para ocupar cargos públicos.
“Diputados, no traicionen el espíritu de la democracia, la voz de la gente fue muy clara en el pasado proceso electoral, el mensaje fue: no más corrupción e impunidad”, dijo Carlos Joaquín.
“La sociedad no permitirá ya que un sistema corrupto se blinde”, agregó quien será el próximo gobernador de la entidad, que por primera vez tendrá alternancia, ya que siempre había ganado el Partido Revolucionario Institucional.
Animal Político solicitó una entrevista con Carlos Joaquín, pero indicó que su postura ya había quedado clara en el video que publicó, y que no hablaría más del tema.
De acuerdo con el periódico Reforma, se espera que en los próximos días se discuta el nombramiento del nuevo auditor de la entidad y su suplente, además de magistrados para el Tribunal Superior de Justicia. Estos nombramientos también han sido señalados por opositores y manifestantes, como parte de lo que llaman “paquete de impunidad” o blindaje para Borge.
Según un reporte del colectivo de investigadores México cómo vamos, publicado en mayo pasado, entre 2009 y 2015 la deuda de Quintana Roo aumentó casi 500%.
A partir de 2010, la deuda de Quintana Roo ha ido creciendo 18% por año en promedio, según la organización ciudadana
En tanto,el Centro de análisis y políticas públicas México Evalúa señaló en mayo pasado que, en 2015, la deuda pública estatal per cápita de la entidad fue de 14 mil 048.0 pesos, monto considerablemente mayor al promedio de deuda per cápita observado a nivel nacional para el mismo año (4 mil 214.9).
De igual forma, en 2015 Quintana Roo aumentó su nivel de deuda en términos de la cantidad de participaciones federales que la entidad recibe anualmente, pasando de 73.5% en 2009 a 280.6%.
Animal Político