El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, hizo un llamado “urgente” a replantear la política de drogas en el país desde un enfoque multidisciplinario y no a partir de la criminalización del consumo, dio a conocer el rotativo Proceso.
Al tiempo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha hecho suya la discusión de un proyecto para autorizar el cultivo, transporte y consumo de la mariguana con fines lúdicos y recreativos, en el marco del simposio “Drogas y criminalidad”, organizado por la Facultad de Derecho de la UNAM, González Pérez planteó:
“Nos encontramos en una vuelta de tuerca respecto de la visión de lo legal y lo correcto, en la que se esgrime como escusa principal de la prohibición la protección de la salud, discurso que hoy no pareciera poder ser entendido como absoluto y deslegitimador de las voces que piden se analice la necesidad de que, a través de estudios serios y responsables, sean ponderados objetivamente los postulados a favor y en contra del consumo de ciertas drogas.
“No se trata de estar a favor o en contra. Se trata de que se analice (…) Y no se ha analizado con un enfoque multidisciplinario, a efecto de generar políticas públicas adecuadas a una situación que merece ser atendida de manera urgente”, dijo el ombudsman nacional.
Sin fijar una postura concluyente sobre la legalización de cualquier droga e independientemente de la resolución de la Corte, explicó, la discusión debe ir “más allá de la mariguana”.
“No es aventurado indicar que existe la evidencia suficiente para afirmar que la política actual para reducir y controlar la producción, el tráfico y el consumo de drogas ilícitas no ha dado los resultados deseables.
“El debate sobre el derecho a consumir drogas y el tema de su permisibilidad, no sólo con fines farmacéuticos sino abiertamente lúdicos y recreativos, ya se ha dado en otras latitudes. De hecho, se extiende”, argumentó el exabogado general de la UNAM.
En su visión, “ha llegado el momento de discutir, con toda honestidad y seriedad, la pertinencia de cambiar el modelo cerrado, basado en la protección del derecho a la salud con abordajes realistas y sobre la base de información crítica.
“La criminalización y la estigmatización de los consumidores no son alternativas para abordar el problema. No es posible tratar bajo los mismos parámetros a quien lucra, trafica con sustancias ilícitas y en razón de ello genera violencia y trasgrede derechos de terceros, que a quien sólo consume esas sustancias”, dijo ante más de 200 estudiantes.
Durante su ponencia, titulada “Drogas y derechos humanos”, expuso que “no todas” las sustancias generan dependencia y no todos los dependientes son “adictos problemáticos”.
“Los altos índices de violencia y la generación de diversas actividades ilícitas, que con frecuencia se asocian a las actividades vinculadas con las drogas, no son una consecuencia irremediablemente vinculada a su consumo”, dijo a los jóvenes, para enseguida resaltar el papel “fundamental” que juega la educación para tomar una decisión “libre y responsable” sobre el uso de narcóticos.
“La investigación sobre las drogas no debe verse como una apología de su consumo. El conocer más genera la posibilidad de entender de mejor manera la problemática vinculada a las mismas y tener bases sólidas para generar políticas públicas aplicables a la materia.
“En el ámbito personal, la utilización de las drogas no es tan simple como pudiera parecer. De manera potencial, el consumidor libre e informado tendrá el riesgo contingente de volverse adicto, con lo cual la dimensión voluntaria del consumo se torna en un padecimiento o enfermedad que tendrá que ser visto como una cuestión de salud pública”, abundó.
El adicto, dijo enfático, no debe verse como un delincuente. Y las adicciones, continuó, no caben en un esquema punitivo, sino como un asunto de salud pública y seguridad social.
El problema de las adicciones debe verse, más que como un esquema punitivo, como un problema de salud pública y seguridad social, acotó.
“La cárcel o la estigmatización social no son las respuestas que resolverán el problema del consumo de drogas”, advirtió el ombudsman.
“Para dimensionar la magnitud de la criminalización del consumo es pertinente señalar que, en México, 60% de los internos de las cárceles están vinculados al negocio de las drogas. De ellos, 38.5% están detenidos, la mayoría en proceso y pocos sentenciados por posesión simple de mariguana”, reveló.
Por el contrario, afirmó González Pérez, un proceso “responsable” de despenalización de las drogas podría implicar una significativa “despresurización” de la población carcelaria y “complementaría la liberación de recursos para abrir espacios de redefinición estratégica”.
En términos de derechos humanos, dijo que los consumidores de drogas conforman el conjunto de personas “más proclives” a ver afectados sus derechos humanos por parte de autoridades, así como a “ser víctimas de vejaciones y abusos” por parte de quienes comercializan dichas sustancias.
En cuanto a seguridad, aseguró que los jóvenes están en riesgo no sólo de desarrollar una codependencia en el uso de sustancias, “sino también de verse atraídos por organizaciones delictivas vinculadas al tráfico de drogas, sin que esto sea causa-efecto”.
También dijo que la lucha contra la producción, distribución, venta y consumo de drogas no puede entenderse sin una articulación internacional y ejercicios regulatorios.
“Aun siendo libre e informado, el consumo no puede ser un derecho absoluto. Es preciso que sea compatible con el ejercicio y vigencia de los derechos de las demás personas”, concluyó el presidente de la CNDH.
Al término de su conferencia, a pregunta expresa sobre el presente de las distintas investigaciones sobre el caso Ayotzinapa, el ombudsman se limitó a decir:
“La Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene una investigación abierta. Hemos dado reportes preliminares y seguiremos actuando con responsabilidad, objetividad y sustentando cada una de nuestras determinaciones”, fueron sus palabras.
Y sobre las decisiones del gobierno federal, remató: “Lo importante será que en los hechos se materialicen en resultados que nos permitan a los mexicanos y a la sociedad internacional conocer la verdad, y que haya castigo a los responsables”.
Fuente: Proceso