El gobierno federal propuso al Senado que sean tipificados como delitos graves la desaparición de personas llevada a cabo por particulares y que el ilícito sea castigado con hasta 90 años de cárcel. En los casos de incineración, desintegración o destrucción clandestina de cualquier cadáver, pide hasta ocho años de prisión.
El presidente Enrique Peña Nieto, en la iniciativa en materia de desaparición forzada, que envió el jueves al Senado, solicitó que, además de funcionarios, los particulares puedan ser acusados como responsables de desaparición forzada.
La iniciativa para crear la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Desaparición de Personas incluye también a quienes oculten o se queden con hijos nacidos de desaparecidos, y les impone penas de hasta 20 años de prisión.
Se considerará como partícipe del delito de desaparición forzada por particulares, para los efectos de la presente ley a la persona que a sabiendas de la comisión de cualquiera de las conductas señaladas incinere, sepulte, desintegre o destruya total o parcialmente el cuerpo o restos humanos de la persona desaparecida, cuya muerte se haya producido en la desaparición, se detalla en el documento.
Fuente: Excelsior