En el marco de la cumbre “Diálogos Judiciales en el Sistema Interamericano de Garantía de los Derechos Humanos”, celebrada en el Campus de la Ciutadella, de la Universitat Pompeu Fabra, de Barcelona, del 25 a 27 de febrero pasado, se reconoció la labor jurisdiccional de la Suprema Corte de Justicia de México, en la defensa y protección de los derechos fundamentales.
Con más de 500 asistentes inscritos, integrados en distintos grupos de trabajo y dos conferencias plenarias, el Director de la Facultad de Derecho de esa Universidad, Alejandro Saiz Arnaiz, presentó las conclusiones del encuentro, participando en esa última jornada Luis López Guerra, Juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos; Adela Asua Batarrita, vicepresidenta del Tribunal Constitucional Español y el Ministro Alberto Pérez Dayán, con la representación del Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Frente a presidentes e integrantes de las Cortes Supremas de Justicia y Tribunales Constitucionales de Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Perú, El Salvador, República Dominicana, Uruguay, Ecuador, Guatemala, Costa Rica, España y México, y Jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, encabezados por su Presidente Humberto Sierra Porto, la Magistrada del Tribunal Constitucional de Andorra y Profesora de la Universidad de Paris–Sorbonne, Laurence Burgorgue-Larsen, quien participó junto al Ministro Juan Silva Meza en la conferencia plenaria “La Interpretación Conforme como Mecanismo de Diálogo Judicial en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos”, expresó elogios y su reconocimiento a la jurisprudencia mexicana, exhortando a que el Tribunal Constitucional Europeo adopte la misma filosofía protectora de las personas que su homóloga de México.
Al término del evento, el rector de la Universidad, Jaume Casals Pons, agradeció la asistencia de las altas autoridades judiciales participantes y anunció la próxima instalación de la cátedra “Derechos Humanos. Suprema Corte de Justicia de México”, con la que se pretende que cada año comiencen los trabajos a los que convoca esa institución educativa, en torno a la protección de dichas prerrogativas fundamentales ciudadanas.