El 4 de diciembre de 2017, en Tuxpan de Bolaños, una pequeña localidad en las montañas de Jalisco, una turba atacó a 21 adultos y 29 menores de edad, los despojó de sus pertenencias, les quitó sus casas y los echó de su comunidad.
Su único “delito” era profesar la religión de los testigos de Jehová. Los agresores estaban furiosos porque los Testigos no participan en los ritos religiosos tradicionales de los huicholes.
Han pasado dos años desde que un juez federal indicó que la expulsión estaba justificada. Sin embargo, posteriormente un Tribunal Colegiado de Circuito revocó esa decisión. Ahora, el próximo miércoles 1 de
julio de 2020, la Suprema Corte de Justicia de la Nación analizará el caso y decidirá sobre cuestiones importantes para todo ciudadano, prescindiendo de su religión. Dichas cuestiones son:
¿Cómo puede armonizarse lo que dice el artículo
2º de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos (relativos a la libre determinación de los
pueblos indígenas) con lo expuesto en el artículo 24º
sobre la libertad religiosa?
¿Es la religión parte integral de la identidad de una
comunidad indígena? Si así es, ¿deja de formar parte
de esa comunidad el individuo que cambia de
religión?
¿Se violaron los derechos humanos de los testigos
de Jehová wixárikas que fueron expulsados de su comunidad, tales como el derecho a la objeción de conciencia, propiedad privada, a la no-discriminación, a la protección de los menores, el respeto a la
integridad y dignidad de las mujeres y el derecho a un juicio justo, entre otros?
Testimonio de las víctimas
“Al llegar no pude contener el llanto al contemplar la escena que mis ojos veían: mi hogar completamente destruido y mis pertenencias regadas por todas partes, todo tirado, quebrado e inservible. Me sentía indefensa e impotente. No podía comprender tanta crueldad.” — Simona de la Cruz.
“Nos subieron en una camioneta atestada de gente y a toda velocidad nos llevaron a lo alto de la sierra en donde el frío era muy intenso y allí nos abandonaron. Ni yo ni mi familia traíamos ropa apropiada para las condiciones climatológicas del lugar, por lo que mis tres hijas empezaron con problemas respiratorios, situación que me preocupó
mucho. […] En menos de cuatro meses después del desalojo, mi esposa perdió a su madre y su padre, perdimos nuestra casa, nuestro patrimonio, nuestras hijas enfermaron y seguimos sin tener dónde vivir.” — Agustín Chino.
“Era alrededor de las 12:00 p.m. cuando llegó un grupo de personas enojadas. Nos insultaban y humillaban. Mis hijos se asustaron mucho y yo me sentí impotente, pues no pude hacer absolutamente nada. Sentí una
profunda tristeza cuando vi que empezaban a derribar mi casa, que con tanto sacrificio había construido.”
— Cirilo de la Cruz
Situación actual
Han pasado dos años y medio desde que fueron desterrados de su comunidad.
¿Cómo están ahora?
La mayoría está pagando renta, a pesar de que son dueños de casas
en su comunidad.
Debido a la pandemia causada por COVID-19, algunos han
perdido sus empleos. Por ello, han viajado a otras ciudades en
busca de trabajo, dejando atrás a sus familias.
Algunos no han podido solicitar apoyo económico al gobierno
porque no tienen los documentos necesarios para hacerlo, pues no
les permitieron recogerlos el día que fueron expulsados.
Como tienen prohibida la entrada a su comunidad, no han podido
visitar a sus familiares en todo este tiempo
Source: Mexico