De enero de 2014 a la fecha se han presentado más de 200 quejas por tortura en Michoacán, 60 por ciento de ellas contra policías de la Procuraduría General de Justicia del Estado ado (PGJE), y de las fuerzas Rural y Ciudadana adscritas a la Secretaría de Seguridad Pública del estado (SSPE), informó la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).
La CEDH precisó que 94 quejas correspondieron a 2014; 100 a 2015, y seis a 2016. En términos comparativos con el sexenio del presidente Felipe Calderón (2006-2012), los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Policía Federal acumularon más de 200 denuncias por tortura, y los policías estatales sólo 40 quejas (20 por ciento).
De enero de 2014 a igual mes de 2015 se mantuvo al frente de la seguridad en Michoacán el comisionado Alfredo Castillo Cervantes, quien designó a los titulares de la Procuraduría y de la Secretaría de Seguridad Pública estatales; los principales mandos continúan vigentes.
Aunque la PGJE ha promocionado supuestos avances en materia de seguridad estatal -difundió que en 2014 había más de seis mil averiguaciones rezagadas, y actualmente asegura que sólo quedan dos mil-, la policía local ha sido cuestionada en materia de derechos humanos y se han denunciado delitos fabricados contra personas inocentes.
Es el caso del joven ingeniero Noel Uriel Pérez Rivera, quien salía de trabajar de la ciudad portuaria cuando lo detuvieron en la salida a Morelia para acusarlo, sin pruebas de por medio, del asesinato del almirante del Puerto Lázaro Cárdenas, José Luis Corro Chávez, en marzo de 2015.
En enero de 2015 dejó el cargo Castillo Cervantes, pero la estructura policial que formó durante su gestión, permanece intacta.
Respecto a las quejas de violación a los derechos humanos en general (abusos de autoridad, arrestos, lesiones, integración equivocada de averiguaciones previas), la CEDH informó que de 2014 a la fecha se acumularon mil 123 quejas, 60 por ciento de ellas contra policías ministeriales y de las fuerzas Rural y Ciudadana que dependen de la SSPE, entre otras.
La CEDH destacó que han proliferado policías en la entidad -conocidas como Fuerza Rural, Fuerza Ciudadana, Mando Único, Policía de Proximidad, Policía Rural y otras- que sólo confunden y crean desconcierto entre la sociedad, porque las personas suelen ser víctimas de abuso y no saben qué corporación es la responsable.
Esto, subrayó, “coloca a los individuos en estado de indefensión e incertidumbre al no poder identificar a los policías o servidores públicos encargados de la seguridad pública”.
Fuente: La Jornada