La LXIII Legislatura del Congreso de la Unión tiene el compromiso de construir el marco secundario de la reforma constitucional en materia de anticorrupción antes del 28 de mayo del próximo año, apuntó la doctora Cecilia Licona Vite, titular de la Dirección de Estudios de Constitucionalidad del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias (CEDIP), de la Cámara de Diputados.
La enmienda a la Carta Magna faculta a la Cámara de Diputados y al Senado de la República a expedir la ley general que establezca las bases de coordinación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA); la ley general para responsabilidades administrativas que armonice a los tres órdenes de gobierno; la ley del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), y las leyes que regulen la organización y facultades de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Durante la conferencia “Reforma constitucional en materia de Anticorrupción”, convocada por la Dirección General de Recursos Humanos de la Cámara de Diputados, la investigadora apuntó que México “no ha alcanzado una calificación de 4” en el Índice de Percepción de Corrupción, elaborado por Transparencia Internacional, desde 1995.
Es decir, en 19 años –de 1995 a 2014- sólo ha tenido una mejoría de cuatro décimas, ya que registró calificaciones de 3.1 y 3.5, respectivamente, en una escala donde cero es una percepción de alta corrupción y 10 es de un país limpio, explicó.
Refirió que el Fondo Monetario Internacional (FMI) precisó que México, en el año 2000, era la novena economía más fuerte del mundo; para 2009, cayó al sitio 14. Según el Índice de Competitividad 2010-2011 del Foro Económico Mundial, de 182 países, pasó del 42 al 60 lugar.
En ello, “influyó la percepción de alta corrupción al interior y exterior de la nación. Tales calificaciones indican que en nuestro país existe un problema que resolver”; justamente ante ese panorama en México, el Congreso aprobó reformas, adiciones y derogó diversas disposiciones de la Constitución en materia de combate a la corrupción, señaló.
Comentó que los países mejor calificados en su desempeño productivo son Nueva Zelanda, Finlandia, Dinamarca, Singapur, Suecia y Suiza al obtener arriba de 9 puntos, reflejando la existencia de estabilidad política, de normas reguladoras de conflictos de interés arraigadas e instituciones sólidas y eficientes, lo cual “evidencia que el combate a la corrupción es factible y que un país no tiene por qué padecer de ese grave flagelo”.
Los estados deberán ajustar sus leyes para que las cuentas públicas sean enviadas a los congresos locales a más tardar el último día de abril del siguiente año del ejercicio fiscal. Resalta el nuevo régimen de fiscalización en el Distrito Federal, cuyo informe del gasto público del año anterior, deberá ser entregado a revisión a más tardar el 30 de abril del siguiente.