La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que las autoridades locales no podrán designar a cualquier persona como abogado de oficio del inculpado.
Al resolver amparo directo en revisión 2259/2014, donde establece que si bien el artículo 20 constitucional, anterior a la reforma de junio de dos mil ocho, no exige que el defensor de oficio sea necesariamente un servidor público, ello no implica que las autoridades puedan designar a cualquier persona como abogado de oficio del inculpado.
Una persona acusada del delito de robo calificado impugnó que el agente del Ministerio Público le designara un abogado particular y no un defensor de oficio, lo cual, dijo, es contrario al citado artículo constitucional. En la apelación se estimaron infundados sus argumentos y el tribunal colegiado le negó el amparo. Inconforme interpuso el recurso de revisión.
La Primera Sala estimó que la designación de un defensor de oficio debe recaer necesariamente en una persona que cuente con atribuciones para prestar este servicio conforme a la ley, de tal suerte que sea posible asegurar que la defensa es suficientemente adecuada, toda vez que la designación de un defensor al margen de la ley, implicaría dejar al inculpado desprovisto de las garantías legales necesarias para estimar que la defensa proporcionada por el Estado es suficientemente adecuada, técnica y eficaz, así como que éste se ha responsabilizado de ella.
En este sentido, cualquier diligencia practicada ante la autoridad investigadora, que se realice al margen de las disposiciones legales correspondientes, deberá estimarse inválida, al haberse desahogado sin las garantías necesarias para estimar que el inculpado ha contado con una defensa adecuada.
Por lo expuesto, se revocó la sentencia recurrida para el efecto de que el tribunal colegiado se avoque de nueva cuenta al estudio de la legalidad del acto reclamado y, partiendo de la interpretación sustentada, resuelva conforme a derecho.