Senadoras de los grupos parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional y del Partido de la Revolución Democrática condenaron los hechos de violencia hacia las mujeres que contienden por algún cargo de elección popular, y demandaron a las autoridades electorales y de seguridad garantizar el ejercicio de los derechos políticos y medidas de protección a las candidatas de todos los partidos.
En un punto de acuerdo que presentaron ante la Comisión Permanente, las legisladoras manifestaron su preocupación por las amenazas, hostilidad y chantajes que han recibido las candidatas y que se suman a las presiones de sus dirigencias partidistas para que no se postulen, no impugnen o acepten candidaturas en distritos con bajas o nulas posibilidades de triunfo.
Las senadoras Diva Hadamira Gastélum Bajo, del PRI, y Angélica de la Peña Gómez, del PRD, expresaron su rechazo por los actos que sufrió Aidé Nava González, precandidata del PRD a la alcaldía de Ahuacuotzingo, Guerrero, quien fue secuestrada, torturada y asesinada, al igual que lo hicieron ante el ataque armado en contra de la alcaldesa de Matamoros, Tamaulipas, Leticia Salazar.
Consideraron que las agresiones contra las mujeres son una ofensa a la dignidad humana y una grave violación a los derechos humanos, porque limitan total o parcialmente el goce y ejercicio de las libertades incluidas en la Constitución y las leyes electorales.
Recordaron que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del cual forma parte México, establece el compromiso de los Estados Partes de garantizar a mujeres y hombres “la igualdad en el goce de todos los derechos civiles y políticos”.
Por ello, solicitaron al Instituto Nacional Electoral, al Tribunal Electoral, a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales y a organismos públicos locales, garantizar el ejercicio de los derechos políticos, así como la seguridad de las candidatas.
Del mismo, las legisladoras pidieron que se establezcan mecanismos de denuncia y atención en situaciones de acoso y violencia política en contra de las mujeres.
En la propuesta, turnada a las Segunda Comisión, consideraron necesario adoptar medidas legislativas para prevenir, sancionar y erradicar el acoso y violencia política contra las mujeres que acceden a puestos de decisión, por vía electoral o designación, tanto a nivel nacional y local, dentro y fuera de los partidos políticos.