A pesar de los embates de la discriminación y la marginación, cerca de siete millones de mexicanos no han dejado de usar sus idiomas originarios y dan constancia de la diversidad etnolingüística, que es rasgo fundamental de la población indígena del país.
Sin embargo, la alta fragmentación de las comunidades y pueblos nativos dificulta mejorar sus condiciones sociales y su incorporación a los procesos de desarrollo político y económico, señaló el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria (CEDRSSA) de la Cámara de Diputados.
A través del documento “La población indígena en el México rural: situación actual y perspectivas”, el centro de estudios detalló que la condición de pobreza en la que se encuentra la mayor parte de estos habitantes reproduce condiciones de atraso y limita alternativas para su pleno desarrollo.
Mencionó que si bien la actual política gubernamental está orientada a impulsar el reconocimiento de sus derechos, “las condiciones de debilidad en su desarrollo social y económico son resultado de siglos de discriminación y marginación que la población indígena han padecido”.
Por ello, planteó mantener una política que apoye de manera decidida, con recursos financieros suficientes, la definición participativa de programas y acciones en los diferentes ámbitos de actuación gubernamental, así como la construcción de mecanismos e instituciones que permitan hacer efectivo su derecho de autodeterminación y autonomía de sus territorios.
El CEDRSSA relató que los pueblos y comunidades indígenas cuentan con una riqueza biocultural excepcional, derivada de la pluriculturalidad y la megadiversidad biológica en sus territorios, pero “resulta contradictoria y dramática la persistencia de condiciones de pobreza e importantes problemas económicos, sociales y ambientales, que limitan su desarrollo”.
Aseguró que se mantienen pendientes aspectos formales de armonización jurídica de todas las constituciones estatales y leyes específicas en materia indígena, así como el establecimiento de una legislación que defina los mecanismos y procedimientos para hacer efectivo su derecho a la consulta previa, libre e informada, sobre la realización de grandes desarrollos de infraestructura, de proyectos productivos y de aprovechamiento de recursos naturales.
“No basta el reconocimiento de las lenguas indígenas, es fundamental reforzar las acciones orientadas a fortalecerlas y preservarlas, y ampliar los servicios de traducción y disponibilidad de información”, apuntó.
En el documento, el centro de estudios planteó avanzar en la construcción del marco jurídico federal y estatal en materias como educación, salud y procuración de justicia, que considere suficientemente el carácter multilingüe y pluricultural de la nación.
Se requiere continuar la incorporación de acciones afirmativas orientadas a garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales, constitucionales, por parte de la población indígena.
Indicó que el marco normativo reconoce la autonomía o el autogobierno indígena, siempre y cuando no se ponga en riesgo la unidad nacional y el derecho de libre determinación de los pueblos indígenas, el cual se considera condición necesaria para el ejercicio de las garantías individuales.
Estas garantías, expuso, se encuentran estrechamente ligadas al derecho a la tierra, al territorio y a sus recursos naturales, que significan la posibilidad real que tienen los pueblos indígenas para su desarrollo en los diferentes planos, económico, social y cultural, por lo que se configuran como las principales demandas de la población nativa que no ha logrado definirse con claridad y certidumbre jurídica suficientes, afirmó.
El CEDRSSA mencionó que los preceptos constitucionales en materia de los pueblos y comunidades indígenas, se cumplirán plenamente cuando realmente sean sujetos de su propia recuperación dentro del Estado mexicano, por lo que “actualmente estamos en una fase de transición hacia un verdadero Estado multicultural, que garantice el derecho a las diferencias y a las autonomías”.
Relató que la población indígena se encuentra distribuida en las 32 entidades federativas, y prácticamente en la totalidad de los municipios, con ausencia en sólo 32. A nivel local, se concentra en 10 estados ubicados en las regiones Centro, Sur, y Sureste, donde se localiza más del 83 por ciento de la población que habla alguna lengua indígena.
La mayor proporción se ubica en los estados de Oaxaca y Chiapas, con más de un millón y medio de indígenas en cada entidad y en los estados de Veracruz, Puebla, México y Yucatán, en los cuales se registra alrededor de un millón en cada uno.
De las 68 agrupaciones lingüísticas nacionales, sólo cuatro concentran el mayor número de hablantes: náhuatl, con un millón 376 mil hablantes; maya, con 759 mil, y mixteco, zapoteco, tzeltal, tzotzil con más de 400 mil hablantes cada una que, en conjunto, representan más del 60 por ciento del total; en contraste, se identifican 22 lenguas que no rebasan cada una los mil hablantes.
Para el 2012, el 72 por ciento de la población indígena (8.2 millones) vivía en pobreza y 27 por ciento en pobreza extrema. Una apreciación similar se obtiene al analizar el nivel de ingresos monetarios, pues el 74 por ciento de la población indígena reporta uno menor a la línea de bienestar y el 42 por ciento por debajo.