La secretaria de la Comisión de Juventud, diputada Tania Margarita Morgan Navarrete (PAN), llamó a formalizar la creación de la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, pues se corre el riesgo de no considerarla en el presupuesto federal de 2016.
En un punto de acuerdo, que presentó ante la Comisión Permanente, relató que el 4 de diciembre de 2014 el Ejecutivo federal publicó el decreto que expide la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que en su artículo sexto transitorio prevé la constitución de esta Procuraduría a partir del siguiente ejercicio presupuestal a su publicación.
Argumentó que para ello, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), deberá reformar su estatuto orgánico para que en un plazo no mayor a 90 días naturales, a partir de la entrada en vigor del decreto, formalice la creación de la Procuraduría, con sus respectivas unidades administrativas.
Morgan Navarrete expresó que esta Procuraduría representará, protegerá y defenderá a los niños, niñas y adolescentes que vivan una situación de violencia o se encuentren en una condición de grave violación de sus derechos.
Sin embargo, dijo, “hasta el momento no se cuenta con información pública mediante la cual pueda tenerse certeza de que el DIF ya haya hecho las modificaciones”.
Por ello, es indispensable garantizar que se lleve a cabo dicha reforma; de no ser así, se correrá el riesgo de que de la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes no sea contemplada en el siguiente ejercicio fiscal.
La diputada recordó que dicha ley considera a las niñas, niños y adolescentes como sujetos de derecho; establece principios rectores y criterios que orientarán la política nacional en la materia, previendo facultades, competencias, concurrencia y bases de coordinación entre Federación, entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, así como Poderes Legislativo y Judicial y organismos constitucionales autónomos.
Además, desarrolla una serie de derechos que corresponden a niñas, niños y adolescentes, tales como a la vida, la supervivencia y al desarrollo; la identidad; vivir en familia; a la igualdad y a no ser discriminado; una vida libre de violencia; protección de la salud y a la seguridad social; a la inclusión; la educación; libertad de expresión y acceso a la información, entre otros.
En el punto de acuerdo que analiza la Segunda Comisión de la Permanente, Morgan Navarrete puntualizó que la aprobación de la Ley General de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes abre la puerta para que los 32 Congresos locales lleven a cabo un minucioso trabajo de armonización –plazo que concluye el 3 de junio de 2015-, pero “este no es el único reto, sino también cumplir con lo estipulado en los artículos transitorios”.
De acuerdo con UNICEF, 40 millones de niñas, niños y adolescentes que viven en México necesitan de instituciones más fuertes y coordinadas para responder a los enormes desafíos que representa el efectivo y equitativo acceso a sus derechos.
Entre los restos que aún enfrentan la infancia y adolescencia en el país, están la pobreza, falta de acceso a educación, alta tasa de mortalidad en menores de 5 años, violencia en su casa o en la escuela, migración y trabajo.