A fin de eliminar la posibilidad de que los Centros de Tratamiento Interno para Adolescentes funcionen como “universidades del crimen”, senadoras del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Verde Ecologista de México hicieron un llamado para que los jóvenes que han infringido la ley tengan un adecuado proceso de reintegración social.
Por ello, presentaron un punto de acuerdo para solicitar a los gobiernos estatales y del Distrito Federal que atiendan las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en su Informe Especial sobre los Centros de Tratamiento Interno para Adolescentes que Infringen las Leyes Penales.
Hilda Esthela Flores Escalera, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Lilia Merodio Reza, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Cristina Díaz Salazar y Juana Leticia Herrera Ale, del PRI; así como María Elena Barrera Tapia, del PVEM, consideraron que también se requiere corregir las irregularidades que impiden el cumplimiento de los objetivos del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, puesto en marcha desde 2005.
En la propuesta, que se turnó a la Comisión de Derechos Humanos, las legisladoras refieren que el pasado 3 de marzo, el Senado recibió un informe de la CNDH en el que, además de maltratos a internos, se enumeran las deficiencias en el personal y en el equipamiento que son un obstáculo para la reinserción de los menores a la sociedad.
Entre estas irregularidades, destacaron, se encuentra la carencia de un adecuado servicio médico y de programas contra las adicciones, insuficiente personal, falta de capacitación a servidores públicos, deficiencias en la supervisión, así como la presencia de elementos policiales que viven en los establecimientos.
Las senadoras del PRI y PVEM hicieron notar la responsabilidad del Estado para garantizar los derechos humanos y que los adolescentes infractores tengan un adecuado proceso de reintegración social, con el propósito de que se elimine la posibilidad de que los Centros de Tratamiento Interno para Adolescentes tengan una función de “universidad del crimen”.
Apuntaron que la atención a la problemática en dichos centros debe atenderse con base a un compromiso entre la Federación, los gobiernos estatales y el Distrito Federal, por lo que es fundamental la difusión del contenido del informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como el cumplimiento de sus recomendaciones.
Entre las sugerencias de este organismo destacan: prevenir conductas que puedan constituir tortura o maltrato, a partir de programas de capacitación al personal sobre derechos humanos y que se contemplen los temas del uso racional de la fuerza y manejo de conflictos.
Además, ordenar que los instrumentos de coerción únicamente sean utilizados en casos excepcionales, siempre y cuando se hayan agotado los medios pacíficos de control y de acuerdo a la forma expresamente autorizada por un ordenamiento legal.
Por otra parte, se recomienda prohibir la permanencia de elementos policiales armados y la colocación de objetos que obstruyan la visibilidad en los dormitorios, implementar medidas que fortalezcan vínculos de los adolescentes con personas del exterior, así como la instalación de aparatos telefónicos suficientes, gratuitos, en buenas condiciones de uso y sin restricción para números sin costo.