La Comisión de Puntos Constitucionales del Senado de la República aprobó un dictamen para invitar a la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, y al fiscal general del estado, César Gustavo Jáuregui Moreno, a una reunión de trabajo con comisiones senatoriales, a fin de que informen sobre los hechos en los que perdieron la vida dos personas de nacionalidad estadounidense en territorio chihuahuense.
El dictamen, avalado con 15 votos a favor y uno en contra, establece que la reunión se realizará el próximo martes 28 de abril de 2026 a las 11:00 horas en la sede del Senado, con la participación de las comisiones de Puntos Constitucionales y de Seguridad Pública.
Además, se solicita que tanto la mandataria estatal como el fiscal remitan previamente un informe detallado y documental que incluya la cronología completa de los hechos, autoridades participantes, comunicaciones con instancias federales y cualquier actuación relacionada con el artículo 70 de la Ley de Seguridad Nacional.
Antes de la votación, el senador de Morena, Ignacio Mier Velazco, propuso ampliar el título del dictamen para incluir posibles violaciones a la Constitución, a la Ley de Seguridad Nacional, la omisión de informar oportunamente al Gobierno de México, la falta de coordinación institucional con la Federación y sus consecuencias para la seguridad nacional.
El senador Juan Carlos Loera de la Rosa, promovente del punto de acuerdo, aseguró que únicamente se busca aclarar lo ocurrido durante el operativo de la Fiscalía de Chihuahua y conocer si existió participación irregular de agentes estadounidenses dentro del territorio nacional.
Javier Corral Jurado, también de Morena, acusó que la gobernadora y el fiscal “entraron a un tobogán de mentiras”, al intentar ocultar la presunta infiltración de agentes norteamericanos en operativos estatales. Gerardo Fernández Noroña afirmó que el propio fiscal reconoció la participación de dos agentes estadounidenses y advirtió sobre posibles riesgos para la soberanía nacional.
Saúl Monreal Ávila fue más allá y calificó los hechos como una “violación flagrante” al artículo 40 de la Constitución. “No permitiremos que agentes extranjeros entren a nuestro territorio y menos que intervengan en temas de seguridad”, expresó. En el mismo sentido se pronunciaron Pavel Jarero, Luis Alfonso Silva del PVEM y Juanita Guerra, quienes insistieron en que debe respetarse la soberanía nacional.
Desde la oposición, el PAN rechazó el punto de acuerdo y acusó un uso político del Senado. Ricardo Anaya señaló que Morena busca que Maru Campos “venga a darles clases de cómo combatir al crimen organizado”, mientras que Marko Cortés pidió que también sean llamados gobernadores señalados por presuntos vínculos con el crimen organizado y que incluso se envíe una nota diplomática a Estados Unidos.
La senadora Verónica Rodríguez defendió a la mandataria estatal y afirmó que Maru Campos acudirá con congruencia y calidad moral. Mario Vázquez Robles sostuvo que Chihuahua sí enfrenta al crimen organizado y acusó a Morena de querer realizar un “linchamiento político” contra la gobernadora.
Lilly Téllez aseguró que hubo coordinación con fuerzas federales, incluyendo al Ejército, durante el operativo, mientras que Agustín Dorantes afirmó que el verdadero problema del país son los muertos, desaparecidos y la violencia, no el intento de politizar el caso. Raymundo Bolaños insistió en que debe haber esclarecimiento total, pero sin convertir la comparecencia en un juicio político.
Por su parte, Luis Donaldo Colosio Riojas, de Movimiento Ciudadano, advirtió que el Senado no tiene facultades constitucionales para citar a una gobernadora y consideró que el punto de acuerdo responde más a una motivación política que jurídica, al señalar que esto podría vulnerar el federalismo.
