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Sobrevivientes del incendio migratorio en Juárez siguen pendientes de atención médica y psicológica: cónsul de Guatemala

Ciudad Juárez. — Las consecuencias del incendio que cobró la vida de 40 migrantes en marzo de 2023 siguen presentes entre quienes sobrevivieron. El cónsul de Guatemala, Carlos Melchor, reveló que algunas víctimas todavía tienen pendiente concluir sus tratamientos médicos y psicológicos, mientras expresó reservas sobre el proceso judicial que se ha desarrollado en México.

La reciente resolución que extinguió la acción penal contra Francisco Garduño, excomisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), volvió a poner sobre la mesa las preguntas sobre justicia y reparación para las víctimas. Ante este panorama, Melchor reconoció que existen diferencias respecto a las determinaciones judiciales, aunque su representación consular mantiene una postura de respeto hacia las autoridades mexicanas. “Aunque no lo compartamos del todo, pero obviamente lo respetamos”, expresó.

Más allá de los procedimientos legales, el diplomático señaló que todavía hay personas que necesitan completar la atención derivada de las afectaciones que sufrieron durante el incendio. Particularmente, mencionó tratamientos médicos y psicológicos pendientes, por lo que continúan atentos a que las instancias correspondientes permitan concluir esos procesos de recuperación.

Enrique Serrano Escobar, coordinador del Consejo Estatal de Población (Coespo), también se refirió al tema, aunque delimitó la intervención de su dependencia. “No tenemos forma de opinar al respecto”, manifestó al explicar que el organismo se concentra en brindar apoyo a las personas migrantes y carece de atribuciones para calificar las decisiones de los tribunales.

El incendio ocurrió el 27 de marzo de 2023 en una estación migratoria de Ciudad Juárez y dejó 40 personas fallecidas. El pasado 13 de octubre, un juez federal declaró extinguida la acción penal contra Garduño tras considerar cumplidas las condiciones de la suspensión condicional de su proceso. Mientras esa etapa judicial concluyó para el exfuncionario, las declaraciones del cónsul evidencian que algunas necesidades de atención de los sobrevivientes permanecen pendientes.

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